SEÑOR DIRECTOR:

La política antimigratoria del gobierno de Trump está incorporando la participación de otros componentes de reforzamiento del orden público que no están preparados para labores de control migratorio, como la Guardia Nacional.

Las protestas en Los Ángeles responden a la actual política migratoria, por tratarse de una ciudad donde habitan alrededor de 32% de inmigrantes, en su mayoría de origen mexicano, quienes se han convertido en blanco de redadas en sus sitios de trabajo, afectando la estabilidad familiar y las actividades económicas de la zona. Las protestas han sido en su mayoría pacíficas, y contenidas en el perímetro del downtown de Los Ángeles.

La administración de Trump es la única beneficiada por la violencia, y por eso hay un esfuerzo por subirle el tono al conflicto en lugar de calmar las aguas. El envío de marines, además de la federalización de la Guardia Nacional, son vistos como un esfuerzo por agravar la situación que justifique la invocación de una militarización generalizada. Esto sin duda refleja un escalamiento en el conflicto político, exacerbado por el Presidente y su intención de no solamente impedir la inmigración indocumentada, sino también la inmigración legal. El Presidente había prometido mano dura contra los inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, pero las redadas de ICE están dirigidas también a inmigrantes sin antecedentes penales. Más aun, dado que no pueden cubrir las cuotas que se pusieron de deportaciones masivas, también están anulando peticiones de asilo, para dejar fuera de estatus a migrantes que se encuentran legalmente en el país, y así tener el argumento legal para su deportación.

La administración de Trump, al igual que en su primer mandato, no persigue acabar con la inmigración ilegal; en realidad, su principal ideólogo lo que ha planteado desde la perspectiva de política pública es impedir la inmigración legal, y en esas estamos.

María Isabel Puerta

Prof. de Ciencia Política, Valencia College

Miembro de la Red de Politólogas