SEÑOR DIRECTOR:

Como miembros del Consejo de Estándares y Acreditación, organismo técnico orientado velar por la calidad de los programas implementados por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, expresamos nuestra profunda preocupación por el proyecto de ley que propone endurecer las penas para adolescentes infractores.

Dicho Servicio, creado tras un amplio consenso político y tres gobiernos, representa la modernización más significativa de la justicia juvenil en décadas. La intervención de este organismo se fundamenta en evidencias sobre modelos efectivos para modificar conductas delictivas y favorecer cambios reales en los y las adolescentes.

Su implementación gradual, iniciada en 2024, llegará a la zona centro en enero de 2026. Modificar el marco legal en pleno proceso de instalación es apresurado y socava los cimientos del nuevo sistema antes de su consolidación, desviando los esfuerzos para su correcta puesta en marcha.

Más aún, la propuesta se orienta en un sentido equivocado: la evidencia internacional es categórica, el endurecimiento de penas no reduce la delincuencia juvenil. Décadas de investigación demuestran que estas medidas tienen efectos contraproducentes, aumentando la reincidencia, estigmatización y exclusión social, con altos costos económicos. Los sistemas más efectivos combinan prevención con reinserción social especializada, fortaleciendo vínculos familiares, permanencia educativa y rehabilitación integral.

Exhortamos a legisladores y autoridades a basar las decisiones en evidencia científica. La seguridad pública se construye con sistemas que rehabiliten y ofrezcan oportunidades, garantizando un futuro más seguro para todos.

Rodrigo Álvarez, Francisco Estrada,

Catalina Opazo, Carolina Villagra,

Gabriela Zapata