SEÑOR DIRECTOR:

Según se ha conocido en estas últimas semanas, el fenómeno de los secuestros ha ido desencadenando una nueva crisis de seguridad. No obstante, la preocupación no puede limitarse a la mera constatación de cifras ni al llamado a endurecer sanciones, pues este delito ya contempla penas privativas de libertad que, en sus formas de comisión más graves, se encuentran las más altas de nuestro ordenamiento jurídico. El verdadero foco debe estar en cómo nuestro sistema procesal penal está enfrentando, en la práctica, una amenaza de esta magnitud.

El aumento sostenido de este delito vinculado al crimen organizado exige que el Estado fortalezca sus capacidades de inteligencia y otorgue a estas investigaciones un tratamiento similar al que se da a homicidios y delitos terroristas: equipos especializados, uso intensivo de técnicas investigativas contempladas en la Ley N° 20.000 y en la Ley de Crimen Organizado.

Es justo reconocer que nuestras instituciones han cumplido su rol al detener a responsables y ponerlos a disposición de la justicia. Sin embargo, el desafío pendiente es actuar preventivamente para desarticular las organizaciones criminales que, lamentablemente, han aterrizado en Chile. Este fenómeno es hoy un síntoma que debemos tratar de inmediato, antes de que se transforme en una enfermedad enquistada en nuestra realidad delictual; y ello se logra con más inteligencia operativa, no con penas más altas que, como hemos visto, no han disuadido a estas estructuras.

No enfrentarlo con decisión sería permitir que el secuestro deje de ser una alarma coyuntural para convertirse en una característica permanente de nuestra criminalidad.

Daniela Castillo

Asociada Grupo Penal Albagli Zaliasnik