HACE UNOS días comenzó a regir la ley que obliga a los propietarios de establecimientos gastronómicos que trabajan con garzones a incluir en la cuenta una propina sugerida al cliente, que equivale al 10% del total del consumo por parte de éste. La aplicación de la referida medida parece inadecuada, toda vez que establece una forma de presión para forzar un desembolso por parte del consumidor.

La propina voluntaria es un reconocimiento que hacen los clientes por el servicio recibido en estos establecimientos y constituye una costumbre que sirve para incentivar a los garzones a entregar una buena atención. Sin embargo, la iniciativa promulgada tiende a desvirtuar esta relación, ya que se puede entender como una suerte de imposición, aun cuando las personas tienen la posibilidad de rechazar la sugerencia que se les hace. Si el cliente no realiza ninguna objeción al monto propuesto, se entenderá que acepta el mismo y se incorporará al valor total de la cuenta.

De esta forma, la norma modifica el actual sistema, al traspasar al consumidor el valor por la atención que recibe, un concepto que debería estar integrado en los costos de los locales gastronómicos, los cuales deben preocuparse por la calidad del servicio que ofrecen. No parece recomendable separar la atención al cliente del resto de los servicios ofrecidos por un restorán. Al igualar la propina, aunque sea de forma voluntaria, se arriesga con alterar uno de los factores que implican competencia entre los establecimientos gastronómicos, lo cual puede redundar en una pérdida de calidad en el servicio.

Si uno de los propósitos de la norma es garantizar que los dueños de los locales gastronómicos entreguen efectivamente a los garzones la totalidad de las propinas que éstos obtienen, existen los mecanismos para ello y no era necesario introducir regulaciones que pueden terminar provocando perjuicios en la calidad de la atención.