Así como por estos días se dio inicio a la discusión sobre el presupuesto público para el año 2026, recientemente la titular de la Contraloría General de la República, Dorothy Pérez, adelantó que, para el próximo periodo, el foco de esta institución será revisar la entrega de beneficios sociales a la población. Esto, con el objetivo de cerciorarse de que dichos recursos efectivamente estén llegando a las personas más vulnerables. Para ello, según explicó la contralora, no se requerirían nuevas leyes, sino que bastaría una revisión más exhaustiva del cumplimiento de la normativa ya existente, razón por la cual dicho organismo podría jugar un rol clave.

No solo es posible mejorar la entrega de beneficios sociales por la vía administrativa -sin pasar por el Congreso-, sino que además es un propósito que no debiera evadirse ni postergarse. Esto se justifica tanto por el apremiante déficit fiscal que enfrenta el país, como también porque es inaceptable que haya personas recibiendo beneficios que no les corresponden, muchas veces a costa de quienes sí los requieren. La correcta focalización, entonces, debiera constituirse como un pilar fundamental de la política social.

En términos generales, los programas que forman parte de la oferta pública del Estado deben cumplir con una serie de elementos en cuanto a su diseño. Un deber al menos formal, pero que en la práctica no constituye una exigencia para su existencia. Entre estos elementos, está el tener definida a la población elegible para recibirlos, es decir, los requisitos que deben cumplir, así como el contar con un mecanismo que permita verificar su cumplimiento y guiar su asignación. Sin embargo, existen antecedentes que ponen en duda el grado en que los programas sociales existentes están cumpliendo con estos parámetros y, por lo tanto, resulta pertinente y valioso que la Contraloría busque revisarlo.

Una primera alerta es la información que entrega el Monitoreo de Programas que elabora la Dipres y la Subsecretaría de Evaluación Social. Según el proceso 2024, del total de programas sociales monitoreados el 35% presentó algún hallazgo en focalización, esto es, alguna debilidad en la definición de su población objetivo o en los criterios de priorización. Así también, solo un 19% utiliza el Registro Social de Hogares (RSH) para identificar a sus beneficiarios, lo que levanta interrogantes sobre la idoneidad de los mecanismos a los que se estaría recurriendo en su reemplazo. Por último, la Comisión de Gasto Público convocada por el gobierno alertó sobre posibles errores en la focalización de la gratuidad de la Educación Superior, los que estarían llevando a sobreestimar a los estudiantes que son calificados dentro de la población elegible –el 60% de menores ingresos del país- y a gastar una suma de recursos mayor a la estrictamente requerida. De hecho, en su informe dicha comisión recomendó revisar la entrega de este beneficio.

Hay suficiente evidencia que respalda la necesidad de avanzar en la labor que desarrollará la Contraloría en cuanto a la verificación de los beneficios sociales. No queda entonces más que esperar que esta realice un trabajo riguroso y que sus conclusiones no sean posteriormente torpedeadas por el sistema político.