Naciones Unidas ha expresado su “preocupación” por las violaciones de derechos y libertades que seguirían sufriendo los civiles palestinos en la Franja de Gaza pese al actual alto el fuego, tanto por los ataques atribuidos a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) como por las represalias emprendidas por Hamas contra grupos rivales, y ha advertido de que ambos casos pueden ser constitutivos de crímenes de guerra.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha señalado en un informe publicado este miércoles que los enfrentamientos de Hamas con otras facciones se han “intensificado”, lo que se habría traducido incluso en “ejecuciones extrajudiciales”.

Aunque la ONU ha admitido que los dos años de incesantes bombardeos israelíes han “desmantelado” las administraciones públicas y las estructuras de seguridad en Gaza y que “restaurar el orden público es una prioridad urgente”, también ha advertido de que debe hacerse “con pleno respeto a los estándares internacionales de Derechos Humanos”.

“Hamas debe prevenir y reprimir cualquier violación o abuso cometido por sus miembros”, ha reclamado la oficina de Naciones Unidas en los Territorios Palestinos Ocupados.

Por otro lado, la organización tiene constancia de al menos 15 palestinos muertos en zonas aledañas a las áreas donde hay presencia de militares israelíes. Las FDI aún controlan más de la mitad de la Franja y el plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no establece un calendario concreto para el repliegue.

La ONU ha recordado a las fuerzas israelíes que deben aplicar los “principios d distinción, proporcionalidad y precaución” a la hora de responder a potenciales amenazas, toda vez que “atacar a civiles que no participen en hostilidades constituye un crimen de guerra, independientemente del lugar del incidente y de su cercanía a las líneas de despliegue pactadas”.

El responsable de la oficina de Naciones Unidas, Ajith Sunghay, ha tachado de “precaria e incierta” la situación en la Franja de Gaza, por lo que ha apelado a todas las partes a garantizar el fin de la violencia y respetar el Derecho Internacional, con vistas en última instancia al “pleno cumplimiento” del derecho de la población palestina a la “autodeterminación”.