Tres veces ha sido postergada la audiencia de desafuero del diputado Joaquín Lavín León.

Fue el 27 de junio cuando la Fiscalía solicitó dicha audiencia ante la Corte de Apelaciones de Santiago para despojarlo de la inmunidad parlamentaria, buscando una formalización donde el ente persecutor pueda solicitar una medida cautelar, en medio de una investigación por fraude al Fisco.

Las postergaciones han respondido a solicitudes tanto de la defensa como de la parte querellante: la primera del abogado de Lavín, Cristóbal Bonacic; la segunda, por petición de la Municipalidad de Maipú, y la tercera por un oficio de la propia Corte.

Sin embargo, según lo agendado en tribunales hasta esta tarde, la audiencia de desafuero se concretará este jueves 16 a las 8.00 en el tribunal de alzada capitalino. Hasta allí llegará la fiscal de Alta Complejidad de la zona Oriente Constanza Encina, misma persecutora que tiene en sus manos la investigación por fraude al Fisco contra la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga.

La indagatoria contra el diputado surgió luego de que los investigadores detectaran vínculos entre contrataciones y despidos en la Municipalidad de Maipú en los que habría tenido injerencia. Para la parte acusadora, Lavín habría ejercido como una especie de “alcalde entre las sombras” en decisiones municipales, donde también hubo recursos utilizados por ese organismo. A ello se sumaron facturas que presuntamente serían ideológicamente falsas rendidas por el diputado al Congreso para obtener reembolsos.

Las pruebas de la Fiscalía

En las 120 páginas del escrito que ingresó la Fiscalía para solicitar la audiencia se encuentran varios de los argumentos contra el diputado.

Por ejemplo, las que dicen relación con las facturas rendidas al Congreso: “Desde al menos el año 2015 al 2024 rindió de manera sistemática y reiterada facturas ideológicamente falsas al Congreso Nacional, requiriendo el reembolso de gastos ajenos a su función parlamentaria, obteniendo de esa forma pagos improcedentes por parte de dicha institución pública, con cargo a los cuales financió campañas y otros proyectos políticos y electorales de su partido. Estas maniobras ocasionaron un perjuicio fiscal que asciende al menos a $104.271.784″, se lee en el texto.

Dichos montos están asociados a la imprenta MMG, donde la Fiscalía mantiene como coimputado a Arnaldo Domínguez. También se vincula a Lavín con una empresa tecnológica de nombre Modo 74, con la que habría desarrollado una aplicación llamada Socialtazk, que era ofrecida por el diputado a candidatos de la UDI. Allí también, dice el texto legal, hubo financiamiento con fondos públicos.

“Durante los años 2020 y 2021 el imputado Lavín León ofreció la plataforma a más de 70 candidatos UDI a nivel nacional, a quienes les creó un usuario y contraseña de acceso, y procedió al envío masivo de mensajería de campaña de manera gratuita, únicamente a cambio de hacerse en forma ilícita de las BB.DD. de todos los candidatos y funcionarios públicos a nivel nacional, quienes proporcionaban información privada de millones de personas que obtenían en el desempeño de sus labores públicas", argumenta el ente persecutor.

Con todo, afirman que “ninguno de dichos candidatos desembolsó dinero alguno por los servicios de la plataforma, ya que dicho proyecto fue financiado en su totalidad con fondos públicos del Congreso Nacional”.

Según la Fiscalía, Lavín emitió por esto 153 facturas entre 2018 y 2024, cometiendo un perjuicio al patrimonio público del Congreso de al menos $93.375.675.

Lavín habría simulado “gastos operacionales asociados a su función parlamentaria, para obtener financiamiento para el desarrollo y mantenimiento de una herramienta destinada al beneficio político y electoral suyo, y de otros miembros de su partido”.

Por último, la Fiscalía detalla en el escrito el delito de tráfico de influencias. Sobre esto, dice que el diputado “tomó interés directo e indirecto en diversas operaciones y contratos en el interior de ese municipio con el fin de obtener beneficios económicos y políticos, tanto personales como para las personas de su confianza”.

Estos actos “han afectado en su esencia el recto desempeño de la función administrativa, como también la objetividad, imparcialidad y eficacia en los procesos de la administración pública y el patrimonio público del Estado”, concluye la Fiscalía.

La defensa de Lavín jr.

Desde el entorno de Lavín señalan que el diputado se encuentra confiado en la decisión del tribunal. Por su lado, Bonacic dice que la investigación de la Fiscalía carece de objetividad.

“Con el desafuero se busca evitar que los parlamentarios puedan verse expuestos a investigaciones carentes de objetividad y racionalidad, tal como ha ocurrido en este caso, lo cual esperamos transmitir con la mayor claridad posible al pleno de la Corte de Apelaciones”, señaló el profesional a La Tercera.

El orden de los alegatos de este jueves, dicen conocedores de la audiencia, será así: primero el Ministerio Público, luego el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y luego la Municipalidad de Maipú. Concluye las alegaciones la parte de la defensa.

Eso sí, el abogado recuerda que la decisión del tribunal puede ser apelada ante la Corte Suprema, pero solo si es contra el diputado. Si la corte acoge la solicitud de desafuero, la parte de la defensa puede apelar; pero si la corte rechaza, la Fiscalía no cuenta con esa instancia de apelación. Para esa eventual apelación, el abogado Cristóbal Bonacic tiene cinco días.

Desde la Municipalidad de Maipú declinaron referirse a la audiencia de este jueves.