Durante estos días se llevan a cabo los funerales de los seis mineros encontrados fallecidos durante la búsqueda realizada este fin de semana tras el derrumbe ocurrido en la División El Teniente, la peor tragedia de Codelco desde 1990.

Las víctimas de esta tragedia finalmente fueron Paulo Marín Tapia, de la empresa Salfa Montajes, y los trabajadores de la Constructora Gardilcic: Gonzalo Núñez Carioca, Álex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta y Moisés Pavez Armijo.

De esta última empresa nuevos antecedentes saltan a la luz, los que se aprecian en registros públicos disponibles en el sitio web de la Dirección del Trabajo (DT): una veintena de resoluciones y multas por distintos incumplimientos al Código del Trabajo. Uno de ellos, fiscalizado y sancionado hace unos meses, habla sobre un descuido a la seguridad y salud de sus trabajadores.

En los últimos cinco años se contabilizan 18 multas a la Constructora Gardilcic Limitada, de las cuales cinco corresponden a fiscalizaciones y 13 a reclamos hechos por terceros. La multa más reciente se detalla que fue realizada a propósito de “no tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores”.

En específico, La Tercera accedió al detalle de esta fiscalización que se llevó a cabo en abril pasado. Allí se estipula que la empresa no mantuvo las condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral al no vigilar el correcto cumplimiento con un “procedimiento de operación de manipulador telescópico”.

Según reza la declaración de la DT, el documento señalado en su punto 6.5 estipula que “la comunicación del operador con los trabajadores sobre jaulas o plataformas se realizará mediante radio bidireccional, las cuales se solicitarán al inicio de turno en bodega y deben estar operativas”.

Sin embargo, la fiscalización dio cuenta de que este procedimiento no se estaba cumpliendo de manera correcta, por lo que se dictaminó que el empleador no tomó todas las medidas necesarias para la protección de la vida y salud, lo cual afectó a un trabajador de la empresa contratista, que resultó accidentado a propósito de esta inacción por parte de la constructora minera.

Esta información surge en el contexto de la tragedia ocurrida el jueves pasado en El Teniente, donde cinco trabajadores de la Constructora Gardilcic fallecieron a causa de un derrumbe del que todavía se investigan las posibles responsabilidades.

En un punto de prensa, el representante del sindicato interempresas Juan Gajardo denunció que hace varios días se venían escuchando ruidos extraños en la mina, los que podían estar anunciando un posible derrumbe, pero que fueron ignorados por los supervisores.

“Uno que trabaja en minería se percata y sabe cuándo va a producirse un evento. La jefatura también está al tanto de todo esto”, sostuvo Gajardo.

El lunes por la noche el Servicio Médico Legal entregó la totalidad de los cuerpos de los mineros que fueron recuperados durante el fin de semana. En paralelo se desarrollan tres investigaciones para esclarecer responsabilidades. Tanto el Sernageomin, como la Dirección del Trabajo y la Fiscalía regional de O’Higgins se encuentran recopilando información para determinar responsabilidades en el derrumbe que culminó con la muerte de los seis mineros.

Una de las investigaciones la está llevando adelante el Ministerio Público, y está siendo encabezada por el fiscal regional Aquiles Cubillos. En un punto de prensa, el persecutor confirmó que dentro de las diligencias se contabilizará el testimonio del presidente de Codelco, Máximo Pacheco.

Quien también podría ser citada “si es necesario“, es la ministra de Minería, Aurora Williams. Si bien el fiscal no confirmó si la secretaria de Estado será requerida, no descartó esa posibilidad.

“Si ellos tienen alguna información relevante para la investigación, claro que sí”, comentó Cubillos al respecto. En los últimos días, tanto Pacheco como la ministra Williams han declarado a la prensa que se produjeron “fallas”, y que estas gatillaron la tragedia en la mina.

Sobre otras diligencias, el fiscal afirmó que de momento no se requeriría un allanamiento a las oficinas de Codelco, puesto que la estatal ha colaborado en la investigación.

“Va a haber un allanamiento si efectivamente hay una oposición a la entrega voluntaria de la información que nosotros estemos pidiendo, previo la solicitud de una orden judicial al respecto, pero por ahora no ha sido necesario, porque cada vez que hemos requerido algo se ha entregado voluntariamente”, sostuvo.

En esa misma línea, el fiscal adelantó que ordenó la entrega de correos electrónicos “que han andado circulando, en los cuales los sindicatos habían hecho presente problemas”.