La Municipalidad de Ñuñoa, encabezada por el alcalde Sebastián Sichel, se refirió al pronunciamiento de Contraloría, desde donde determinaron que el municipio no tiene las facultades constitucionales para poner en marcha un estado de emergencia comunal.

En concreto, el ente fiscalizador estableció que no existe “una potestad que habilite a las entidades edilicias a declarar estados de emergencia o similares, por lo que, de conformidad con el mencionado principio de juridicidad, los municipios no tienen competencia para efectuar tales declaraciones”.

Esto, a propósito de que el propio Sichel había anunciado hace unos meses que decretaría la medida a raíz de un ataque a tiros que sufrió un carabinero en la comuna.

En ese contexto, desde la municipalidad señalaron que la gestión de Sichel “tiene como una prioridad el orden y la seguridad de la comuna”.

“Sabemos que es una preocupación de los vecinos y, por lo mismo, estamos haciendo todo lo posible para recuperar el buen vivir en Ñuñoa”, indicaron en un comunicado.

En la misma misiva afirman que la municipalidad “actuó conforme a lo dispuesto por el organismo fiscalizador, que dice, textual, en orden a lo informado por el municipio, se aprecia que lo decretado dice relación con la adopción de medidas de gestión interna con la finalidad de prevenir los delitos y promover la seguridad pública dentro de su territorio, lo que se adecúa a la referida función municipal sobre la materia”. Por tanto, se ratifica la facultad de los municipios de dictar el decreto de emergencia comunal".

En sus argumentos, la municipalidad expresa que han reforzado sus acciones para aumentar la seguridad.

“Hemos recuperado cámaras de vigilancia que estaban en desuso; aumentamos la dotación de funcionarios de Seguridad Municipal y renovamos sus implementos, y sumamos más patrullas a la vigilancia diaria. Además, hemos implementado medidas de prevención en diversas calles, y estamos desplegando una coordinación estrecha con Carabineros y las comunas aledañas”, afirmaron.

En esa línea, aseguraron que seguirán “utilizando todos los medios a disposición en materia de seguridad pública, respetando la legislación vigente, como siempre ha sido”.

No obstante, el ente fiscalizador concluyó que el municipio carece de facultades para aplicar la medida.