El gobierno peruano encontró irregularidades en el manejo de fondos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), por lo que multará a la organización, informó hoy el diario limeño "El Comercio".

Según la publicación, la multa podría llegar a unos 50.000 dólares, lo que se aclarará cuando la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), entidad estatal encargada de vigilar los fondos procedentes del exterior, haga públicos la próxima semana los resultados de su investigación.

Las supuestas irregularidades se detectaron en el manejo de proyectos en los que, teóricamente, se invirtieron casi 300.000 dólares, pese a que la organización recibió cerca de cuatro millones de dólares en donaciones de países y entidades internacionales entre 2006 y 2008.

La APCI no ha podido seguir la pista a la mayor parte de ese dinero, ya que Aidesep es una institución privada y la ley le impide investigarla más a fondo.

Aidesep está en la mira del gobierno limeño desde que la asociación, la mayor entre los nativos amazónicos, lideró el brote de violencia ocurrido en la región del Amazonas en junio pasado.

Según fuentes gubernamentales, respaldadas por disidentes dentro de Aidesep, en la organización hay existe una reducida cúpula que maneja a su antojo el dinero que recibe de organizaciones internacionales.

Entre las anomalías detectadas por la APCI, en los proyectos que sí pudo investigar, están: la falta de documentación de respaldo para los gastos efectuados, que no se declararon algunos donantes y que no se reembolsaron los gastos asignados para personas que debían participar, pero no lo hicieron.

La Aidesep, cuyo presidente, Alberto Pizango, está asilado en Nicaragua a raíz de los hechos de violencia ocurridos en 2009, asegura que la vigilancia a la que está sometida su asociación es una represalia por lo acontecido en el Amazonas.

La huelga de junio pasado, en la que murieron 33 personas y 23 resultaron heridas, se desató en respuesta a una serie de decretos del ejecutivo peruano mediante los cuales los pueblos indígenas de la Amazonía peruana perderían el derecho de propiedad sobre sus tierras permitiéndole al gobierno explotar territorios protegidos.