La gratuidad ha estado en las últimas semanas al centro del debate público. A diez años de su implementación, es importante evaluar sus resultados frente a los objetivos que la impulsaron.

En cuanto al supuesto bajo impacto de la gratuidad en el acceso y el perfil de ingreso, el caso de la Universidad Alberto Hurtado muestra una evidencia distinta. La UAH es una universidad compleja, de escala media, con alta productividad científica y una gran mayoría de estudiantes que son primera generación universitaria. Tras la caída en la matrícula por la pandemia (2020-2021), recuperó su primer año un 42% al 2025; en 2026, el 67% de los ingresados lo hizo con gratuidad. Entre 2021 y 2024, los estudiantes de los primeros cuatro deciles crecieron un 31%. En nuestro caso, el perfil sí cambió.

El contraste académico es aún más contundente. Los estudiantes que ingresaron con gratuidad en 2017 a la UAH se titulan en una tasa que duplica a quienes no la tienen y abandonan tres veces menos. El efecto promedio controlado por carrera y cohorte es de cerca de +50 puntos en titulación y −59 puntos en deserción. Comparados con quienes reciben becas estatales —basadas en el mérito académico y de alcance mucho más acotado—, los estudiantes con gratuidad se titulan en porcentajes equivalentes. Es decir, la gratuidad rinde como las becas selectivas, pero con mayor alcance.

En nuestra experiencia, la gratuidad ha funcionado como política de inclusión efectiva: extiende a más estudiantes las condiciones para no solo acceder, sino permanecer y titularse. Ha tenido también un efecto protector contra la deserción superior al del CAE, especialmente tras la pandemia.

La experiencia de la UAH puede no ser la de todas las universidades adscritas a la gratuidad. Las investigaciones disponibles sugieren que el efecto en el acceso sería menos robusto en universidades más selectivas. La admisión sigue anclada en pruebas estandarizadas y en el origen socioeconómico, y eso filtra antes de que la gratuidad opere. Con todo, la diferencia mayor está en la salida más que en la entrada: menos deuda para las familias y un título efectivo para muchos que antes engrosaban las cifras de abandono.

Ahora bien, defender la gratuidad no exige defenderla como está. Tiene al menos tres problemas serios y corregibles.

El primero es la regulación de aranceles. El arancel regulado se ha alejado del costo real de proveer educación de calidad, y ese desfase golpea especialmente a universidades complejas, de escala media y sin aportes basales. Los ingresos no han caído, pero tampoco han crecido al ritmo que los costos exigen.

El segundo es la asignación. La ley es clara: la gratuidad es un derecho de los seis primeros deciles. En la práctica, persisten desfases entre el Registro Social de Hogares y los ingresos efectivos. Depurar los procesos de focalización ayudará a proteger la política.

El tercero es fiscal. Los recursos del Estado son limitados y la responsabilidad fiscal presente obliga a ser más rigurosos. Pero no a ser menos ambiciosos. Sostener la gratuidad requiere decisiones políticas sobre prioridades y mejoras de eficiencia en su diseño.

El Estado invierte cuantiosos recursos en gratuidad; el deber es que sean bien invertidos. Retornarán a la sociedad en capital humano, movilidad social y tributación futura. El camino es reconocer la diferencia entre lo necesario de corregir y lo que debemos preservar, para que esta política pública siga asegurando el derecho de miles de familias a ver, por primera vez, a un hijo o hija llegar a la educación superior y titularse exitosamente.

Por Cristián del Campo SJ, Rector Universidad Alberto Hurtado.