La tramitación de la Ley de Presupuestos ha tenido un comienzo ripioso, principalmente, debido a la incertidumbre respecto de las deudas de arrastre que se mantienen en Vivienda y Salud, donde se denuncia un retardo en los pagos del Serviu en torno a los mil millones de dólares; y que en años anteriores ya había significado demandas contra Fonasa por más de $23 mil millones de pesos, por cuentas acumuladas por Ley de Urgencia desde el año 2017. El Estado no es un buen deudor.

Esto merece ser aquilatado sin cálculos y oportunismos electorales, como aquellos que endosan exclusivamente la situación a este gobierno, que con todas sus deficiencias -y una tendencia a sobrestimar los ingresos- ha controlado el gasto público; o los que se aprovechan de la contingencia para plantear ofertones impracticables, como recortar seis mil millones de dólares sin afectar beneficios sociales o el correcto funcionamiento del Estado. La situación es fruto de una práctica estatal de la última década, en que confluye la ausencia de políticas serias de crecimiento que pongan el foco en infraestructura, educación y capacitación laboral -asociadas a la productividad- y un abierto relajo hacia la regla de equilibrio fiscal. Es decir, Chile lleva un buen rato haciendo “la bicicleta”, usando el presupuesto público para pagar las deudas de arrastre.

El problema con la bicicleta es que uno termina inevitablemente atrapado en la rueda. Y aquí debiese enfocarse la discusión. La Ley de Presupuestos es un ejercicio de jerarquización de las necesidades y prioridades del Estado; una ruta de guía meditada de lo que se quiere hacer. Si no hay claridad sobre estas deudas, o si se pretende que las partidas pueden quedar abiertas a ser reasignadas, el ejercicio pierde su propósito: ya no sabemos dónde el Estado pondrá el foco. Además, un Estado en mora rompe la colaboración público-privada. Cualquier relación de confianza se fundamenta en que ambas partes cumplen lo pactado: si el Estado se comporta como incumplidor con sus propios ciudadanos, estos no pueden, razonablemente, actuar como colaboradores en políticas sociales y el bien común. Es decir, se rompe el vínculo con los privados y, lo que es más grave, el Estado termina por perjudicar su propia misión: se retarda la construcción de viviendas sociales, se perjudica la atención en salud y se ralentiza aún más la delicada situación económica del país, poniendo sobre las empresas que prestan servicios al Estado -muchas de ellas pymes- la carga del incumplimiento estatal.

La idea del Estado de Derecho radica, como decía Cicerón, en la idea de que “somos esclavos de la ley para poder ser libres”. Cuando el propio Estado desatiende estas obligaciones, crea un vacío, en el que dejamos de ser ciudadanos libres y con derechos, y nos convertimos en vasallos sometidos a su arbitrio. Esas son las consecuencias de la bicicleta. El Presidente ya la dejó de lado como medio de transporte, esperemos que ahora, la abandone del todo.

Por Diego Navarrete, abogado