El regreso de Jimmy Kimmel a su programa de televisión se convirtió en un símbolo de la tensión creciente entre poder político y libertad de expresión en Estados Unidos. Tras ser suspendido por comentarios polémicos sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el comediante defendió su derecho a satirizar a los poderosos y denunció como “antiestadounidense” la amenaza del gobierno de “silenciar a un comediante que no le gusta al Presidente”. En su monólogo enfatizó: “Lo importante es que podemos vivir en un país que nos permite tener un programa como este”.

El episodio forma parte de una tendencia preocupante. Según el Informe del Estado Global de la Democracia 2025 (GSoD 2025) de IDEA Internacional, la libertad de prensa atraviesa su peor momento en cinco décadas. El 25% de los países del mundo retrocedió en este ámbito entre 2019 y 2024, el descenso más grande desde 1975. El estudio, que analiza a 174 naciones, enfatiza que la prensa libre es un pilar de contrapeso: fiscaliza al poder, expone la corrupción, protege libertades civiles y resguarda la diversidad de voces. Ahí donde se debilita, suelen hacerlo también otros indicadores democráticos.

América Latina vive su peor momento en 30 años. El Salvador y Nicaragua encabezan el deterioro con criminalización del periodismo, acoso judicial, cierre de medios y exilio de profesionales. Pero incluso en democracias más estables, los gobiernos recurren a discursos de descrédito hacia los medios, restricciones legales o presiones económicas para limitar la crítica.

A factores políticos se suman problemas estructurales: la concentración de la propiedad de los medios, la pérdida de anunciantes y el reparto opaco de ayudas estatales. Así, un tercio de los medios independientes se ve forzado a cerrar por dificultades económicas (Reporteros Sin Fronteras, 2025). Todo esto favorece la autocensura y deteriora la pluralidad, generando un vacío que a menudo ocupan influencers o plataformas digitales donde circulan con facilidad contenidos falsos o radicalizados, amplificando la polarización y debilitando la conversación pública.

No obstante, el GSoD 2025 también muestra avances. Brasil, Bolivia, República Dominicana y Honduras mejoraron en libertad de prensa entre 2019 y 2024, mientras que Chile destacó con el mayor progreso en libertad de expresión, en el mismo periodo. Destaca la reactivación de la discusión de un proyecto de ley, en trámite legislativo desde 2022, sobre protección a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones que introduce una definición amplia de “agresión”, más allá de la violencia física, para abarcar el acoso digital y la vigilancia.

Lo que está en juego en esta crisis, global y regional, es la salud de las democracias. Una prensa debilitada implica menos vigilancia ciudadana sobre el poder, pérdida de espacios de deliberación pública y mayor facilidad para imponer narrativas únicas en contextos de miedo o polarización. Es, en definitiva, restringir nuestra capacidad de ver, preguntar, disentir y decidir.

Por Alejandra Sepúlveda, Gta. proyecto Integridad Electoral y Género (RLAC)-IDEA Internacional