Ley 20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Foto: AGENCIA UNO.



Los senadores Pedro Araya, Alfonso De Urresti, Felipe Harboe, y los ex senadores Alberto Espina y Hernán Larraín, ingresaron durante junio de 2016 un proyecto de ley que modifica, entre otras materias, la ley N° 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos de cohecho y receptación.

Como es bien sabido, Chile ha suscrito distintas convenciones contra la corrupción bajo el espíritu de evitar acciones que afecten la estabilidad y seguridad de la sociedad y economía, junto con resguardar los valores de la democracia, la ética y la justicia, tales como la Convención de Naciones Unidas en Contra de la Corrupción, la Convención Interamericana en Contra de la Corrupción y el Preámbulo de la Convención de la OCDE en Contra del Cohecho al Funcionario Público Extranjero.

Para los legisladores que presentaron la moción, tal espíritu no se vería reflejado en la Ley N° 20.393 ni en el Código Penal, básicamente por la baja penalidad y porque al suscribir distintas convenciones Chile se ha visto en la obligación de establecer algunas normas que aún están pendientes, sin olvidar que hoy en día existen muchas otras formas de fraude al interior de la empresa que afectan a la sociedad y a la libre competencia.

En este contexto y en base a la experiencia, urge que el proyecto de ley que viene a mejorar la institucionalidad sea aprobado a la brevedad, sobre todo en lo que dice relación a adecuar las normas de cohecho a los estándares internacionales y teniendo en cuenta que la integridad corporativa es una carta que las empresas extranjeras solicitan a la hora de hacer negocios.

En esta línea, se debiese considerar que tanto el cohecho en sus formas de entrega o de recibimiento deberían ser castigados por igual. De la misma manera, la falta de atribuciones que se le han entregado al encargado de fiscalizar son pocas, por lo cual las posibilidades de denuncias son también menores, lo que se agrava si se considera que los órganos estatales no pueden investigar, incluso cuando hay sospecha, lo cual sólo se lograría mediando denuncia o querella formal de parte interesada.

Otro punto a analizar tiene que ver, por ejemplo, con desarrollo tecnológico, arista en donde la ley chilena no contempla o clarifica la relación que las tecnologías pudieran tener con los mismos delitos, lo que en la actualidad el mundo tiende a incorporar en sus normas sobre la materia.

Para evitar o disminuir delitos, hoy la ley debería ser robustecida, estudiando buenas experiencias en el extranjero que podrían ser adaptadas a la realidad chilena, lo que nos ayudaría a dejar atrás escándalos que han marcado a algunos sectores del empresariado chileno, y fortalecer el carácter de seriedad a nuestro país a la hora de hacer negocios.

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