A eso de las 17.00, al inicio de la sesión de la sala de la Cámara de Diputados, la oposición se llevó una sorpresa.

En el punto 1 de la cuenta que tenían los diputados estaba el ingreso del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que busca reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y que lleva la firma del Presidente José Antonio Kast y del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En el espacio que tienen los diputados para referirse a los asuntos de la cuenta, Marcos Barraza (PC) intentó derivar el proyecto a la Comisión de Constitución -de la cual es parte-, luego de su paso por la instancia original a la que quedó radicada, que fue Derechos Humanos.

Sin embargo, en la votación que se efectuó ganó la postura contraria, quedando el proyecto solo en esta última comisión.

El principal punto del proyecto es que se le quita al INDH la facultad de presentar querellas criminales, reemplazándolo por denuncias.

Otro punto central es que se reduce la cantidad de sus consejeros, de los actuales 11 a cinco, limitando sus periodos a cuatro años.

En cuanto a los nombramientos, La Moneda propone que sean combinados, es decir, que participe tanto los poderes públicos como la sociedad civil.

El proyecto, además, crea el cargo de director ejecutivo, quien será seleccionado a través de un concurso de Alta Dirección Pública.

Junto con ello, la iniciativa establece que en materia de transparencia el INDH deberá incluir en su informe anual las actividades que realizó, las recomendaciones formuladas a los órganos del Estado y la ejecución presupuestaria.

Consultado el ministro Rabat, aseguró que las modificaciones a las que apunta el Ejecutivo “se vinculan principalmente con lo que es la integración de sus órganos consejeros y también su dirección ejecutiva.

“Asimismo -prosiguió el secretario de Estado- la idea es transformarlo en un órgano que cumpla un rol de orden consultivo en materia de derechos humanos y ello implica eliminar la facultad que tenía de interponer querellas criminales, mas no la de efectuar denuncias en materia penal”.

Consultado por si esta iniciativa podría complejizar la relación con la oposición y enredar la tramitación legislativa de la agenda de seguridad o del presupuesto de Justicia, Rabat lo descartó argumentando que “este es un proyecto de ley que en su base fundamental se encuentra en un informe transversal que surgió al alero de la Ley de Presupuesto del año 2025 y, por lo tanto, no debiera complejizar absolutamente nada”

Reacciones

Una vez ingresado, los parlamentarios rápidamente reaccionaron a la iniciativa.

Desde el oficialismo no dudaron en valorar el contenido del proyecto

El diputado Enrique Bassaletti (republicano), que es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que “hay suficiente evidencia, historia, que identifica el Instituto de Derechos Humanos como una corriente que está bastante contaminada con una visión política de los hechos”.

“En términos muy técnicos, cuando uno analiza que en la regla general es donde existe institutos de derechos humanos similares en Latinoamérica, no tienen la facultad de querellarse”, argumentó el diputado para defender la eliminación de la facultad de querellarse.

El subjefe de la bancada de la UDI, Sergio Bobadilla, valoró el ingreso del proyecto, pero elevó la apuesta, asegurando que se debería avanzar en la eliminación del instituto.

“Reducir el número de consejeros y eliminar la facultad de presentar querellas criminales, que se han utilizado sólo con fines ideológicos, son avances importantes, pero no resuelven los problemas de fondo de una institución que, tal como está, no tiene solución”, sostuvo Bobadilla.

Desde la oposición, en cambio, reprocharon la forma en que actuó el gobierno, acusando que, como sector, se sintieron pasados a llevar con el ingreso de la iniciativa.

El diputado Carlos Cuadrado (PPD), manifestó que “todo lo que dice relación con derechos humanos, que no se conversa y se establece en término arbitrario o sin diálogo, genera dudas y ciertamente la disposición de avanzar es distinta que se hubiese un acuerdo y un trabajo en conjunto”.

Y añadió: “Si había un proyecto que ya existía de modificación, lo lógico y natural era que el gobierno asumiera ese proyecto, lo hiciera suyo, lo desarrollara y continuara”.

El jefe de bancada de los diputados del PS, Raúl Leiva, que también integra la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que “existiendo en el seno de la comisión un proyecto de ley de la diputada Ossandón donde estábamos trabajando modificaciones al INDH, venga el Ejecutivo y, de un plumazo, presente un proyecto totalmente distinto”.

“No hay deferencia con el legislador ni una adecuada coordinación en el oficialismo al pasar a llevar un proyecto de ley que ya estaba avanzado en su tramitación”, acusó Leiva.