Una eventual quiebra. Esta situación plantearon ante el Tribunal Constitucional los abogados de las avícolas Don Pollo y Ariztía, de prosperar la demanda en su contra por colusión presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Cada uno a su turno, el abogado de Ariztía, Jorge Correa Sutil, y la representante de Don Pollo, Patricia Miranda, realizaron una férrea defensa al requerimiento que busca declarar inconstitucional el que se le cite a declarar a los ejecutivos de estas empresas como parte del caso que analiza el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Esto tras una denuncia de colusión en contra de estas empresa junto a Agrosuper y la Asociación de Productores Avícolas (APA).

La fiscalía denunció, en diciembre de 2011, a las avícolas de ponerse de acuerdo para limitar y asignar cuotas de producción.

El ente antimonopolio le solicitó al TDLC aplicar multas a todos los involucrados, lo que suma unos US$110 millones.

"El Estado está pidiendo aplicar una multa de $14.000 millones respecto de algo y está pidiendo la disolución de la APA. Esto está en la ley, no digo que sea exagerada. Sólo quiero decir que lo que está en cuestión es la quiebra de la sociedad", aseguró ante el pleno del TC el abogado Jorge Correa Sutil representante de Ariztia.

Patricia Miranda agregó que la multa "representa un impacto económico extremadamente fuerte que en el caso de mi representada podría implicar el cese de sus actividades".

Respecto a las declaraciones ante el TDLC de los gerentes generales de las empresas cuestionadas, que ha sido solicitado por la fiscalía, la abogada de Don Pollo dijo: "con esas declaraciones se pueden tener por acreditados ciertos hechos... en verdad, con ellas sólo se podrán probar hechos perjudiciales y nunca favorables a las declarantes y pueden servir para una condena".

Frente a este argumento, el fiscal respondió que "estas no son pobres empresas", agregando que "encuentro inadmisible que se discuta aquí la posibilidad de una quiebra". "El desfalco que implicó y el perjuicio que generó a la economía de mercado este delito de cartel es enorme", añadió la autoridad antimonopolio.

Además, resaltó las garantías que entrega el actual sistema  de libre competencia a quienes entreguen declaraciones voluntarias.

El TC deberá ahora emitir su fallo, tras lo cual recién se podría iniciar el juicio en el Tribunal de la Competencia.