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Contraloría alerta por débil fiscalización minera en Chile: más de 7 mil faenas sin inspección en más de dos años

En su Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°18, el ente fiscalizador advierte graves brechas territoriales, caída sostenida en la cobertura de controles entre 2022 y 2024 y una distribución ineficiente de fiscalizadores en un sector clave para la economía y la seguridad del país.

Este martes, la Contraloría General de la República (CGR) encendió las alertas sobre el estado de la fiscalización minera en Chile tras publicar su 18° Consolidado de Información Circularizada (CIC), documento que revisó el desempeño del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) entre los años 2022 y 2024.

El análisis concluyó que, en promedio, el organismo solo logró fiscalizar un 20% de las faenas mineras existentes en el país.

Más aún, esta cobertura mostró una tendencia decreciente, cayendo desde un 25% en 2022 a apenas un 14% en 2024.

Las brechas regionales son particularmente marcadas. Mientras regiones como Magallanes (50%), Maule (44%) y Los Lagos (42%) presentan mayores niveles de cobertura, zonas de alta actividad minera como Atacama (13%), Arica y Parinacota (14%) y Valparaíso (14%) exhiben los porcentajes más bajos, pese a concentrar un número significativo de faenas y riesgos asociados.

Más de 7 mil faenas sin fiscalizar

El informe identifica un fenómeno especialmente preocupante, como lo es la existencia de 7.150 faenas mineras que no fueron fiscalizadas durante más de dos años consecutivos en el período 2022-2024.

Esta situación, calificada por la Contraloría como un riesgo persistente para la seguridad minera, afecta con mayor fuerza a regiones como Atacama, Coquimbo y la Región Metropolitana, donde se concentra la mayor cantidad de instalaciones sin control reciente.

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En el mismo tenor, se indica que la falta de supervisión prolongada implica que miles de operaciones mineras -en distintos estados de producción- funcionaron sin una revisión efectiva del cumplimiento normativo, de las condiciones de seguridad laboral ni de los estándares ambientales exigidos por la legislación vigente.

Desigualdad en distribución de fiscalizadores

Otro eje crítico del CIC N°18 apunta a la ineficiente asignación territorial de los inspectores de Sernageomin. Durante el período analizado, el país dispuso de 105 fiscalizadores, pero su carga de trabajo fue altamente desigual.

Según el reporte, algunos funcionarios habrían realizado más de 2.000 fiscalizaciones en tres años, mientras que otros no alcanzaron siquiera el centenar de controles.

Las regiones mineras del norte, como Atacama y Coquimbo, enfrentan cargas muy superiores al promedio nacional, con cientos de faenas por cada fiscalizador, mientras que en regiones del sur existen dotaciones relativamente altas en relación con el número de instalaciones a supervisar.

Llamado a medidas urgentes

Ante este escenario, la Contraloría instruyó a Sernageomin a adoptar medidas urgentes de priorización, especialmente respecto de las miles de faenas que no han sido fiscalizadas en períodos prolongados.

El informe subraya la necesidad de fortalecer el rol fiscalizador del servicio, mejorar la asignación de recursos humanos y focalizar los esfuerzos en zonas con alta concentración de faenas activas y mayores niveles de riesgo.

Si bien el CIC N°18 no aborda directamente las restricciones presupuestarias ni las metas estratégicas institucionales, reconoce que estos factores inciden de manera relevante en la capacidad operativa del organismo.

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