SEÑOR DIRECTOR:

Respecto del reportaje aparecido en su edición del domingo 8 de junio de 2025, referido a la discusión sobre la triestamentalidad en la Universidad de Chile, es preciso aclarar que en él se consigna una frase mía, pronunciada durante una sesión plenaria del Senado Universitario, la cual fue extraída del contexto en que fue expresada.

Para evitar malentendidos o interpretaciones parciales, el objetivo de mi intervención en la plenaria fue cuestionar la legalidad del procedimiento mediante el cual se dio por vigente un acuerdo del Senado Universitario adoptado en 2014, el cual fue formalizado recién mediante un Decreto Universitario (DU) dictado en 2023. Conforme al reglamento del propio Senado, los acuerdos de este órgano solo adquieren carácter obligatorio una vez que se aprueba el respectivo DU, acto que pone fin al procedimiento administrativo correspondiente. Dado que el rector(a) tiene un plazo máximo de 15 días para dictar dicho decreto, y en este caso lo hizo casi nueve años después, mi argumento fue que el procedimiento había decaído y, por tanto, el acuerdo no era jurídicamente válido.

Más aún, manifesté que lo más grave es que ese acuerdo de 2014 —viciado en su origen— constituye uno de los fundamentos del DFL N° 17 de 2024, norma que introduce una reforma al Estatuto de la Universidad de Chile, lo cual refuerza la necesidad de revisar este proceso con rigor jurídico e institucional.

Por lo anterior, la frase citada cobra su pleno sentido solo si se considera este contexto y la pregunta del por qué se vuelve sobre un tema habiendo pasado tantos años y por qué ahora éste se torna urgente. Esta aclaración se funda en resguardo del principio de veracidad, y en aras de una comprensión más precisa del debate universitario en curso.

Gladys Camacho

Profesora titular, senadora universitaria transversal, Facultad de Derecho, U. de Chile