SEÑOR DIRECTOR:

Juan Francisco Galli, en reciente carta, acierta al advertir la incertidumbre que rodea el uso productivo del territorio tras la Ley SBAP. Pero esa incertidumbre no proviene solo del énfasis normativo en la protección ambiental, sino de una falla más estructural: Chile decide el destino de sus territorios cuando los proyectos ya están sobre la mesa.

Nuestro sistema es reactivo. Son las iniciativas privadas las que gatillan la deliberación territorial. El Estado responde caso a caso, y la ciudadanía participa sólo cuando siente amenazado su entorno. El resultado es previsible: la controversia explota en miles de observaciones o en judicialización, afectando tanto la legitimidad de las decisiones como la viabilidad de los proyectos.

Faltan gobernanzas colaborativas que definan, a escala regional y comunal, las vocaciones productivas de largo plazo, integrando ciencia, comunidades y sector privado.

Paradójicamente, este tipo de reformas suele estancarse por el temor empresarial a la participación, bajo la idea de que generará más demoras o desorden. Es al revés: un sistema que delibere anticipadamente agrega certeza, equilibra las agendas locales que hoy irrumpen masivamente en los procesos participativos y da un peso político más justo a la protección ambiental dentro de una visión compartida de desarrollo.

Pablo Valenzuela

Abogado

Territorio Común