SEÑOR DIRECTOR:

Algunos preferían una licitación, mientras otros pujaban porque una empresa 100% estatal se ocupara de la extracción de litio desde el Salar de Atacama, y de su procesamiento. El gobierno optó por un camino intermedio que consideró extender por 30 años, hasta 2060, el contrato con SQM, pero en una sociedad con la estatal Codelco que tendrá una participación mayoritaria en la empresa resultante.

La materialización del acuerdo ha sido compleja. La Cámara de Diputados hizo una comisión investigadora. Tianqi, empresa china accionista de SQM, intentó frenar el contrato, solicitando pronunciamientos del regulador financiero local (CMF) y de la justicia, que no surtieron efecto. A su vez, el acuerdo debió pasar por una serie de revisiones, la última de las cuales fue superada esta semana con la luz verde que dio el regulador antimonopolios chino, el que, no obstante, estableció ciertas condiciones. Antes, fue revisado y aprobado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y por los organismos de competencia de Brasil, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y la Unión Europea.

Con este acuerdo se logrará dar continuidad operativa a la explotación del Salar de Atacama y aumentar la producción nacional de litio. Ambos aspectos son positivos desde el punto de vista de la materialización de los planes de inversión que tienen las empresas y de los mayores recursos que llegarán tanto al Gobierno Central, como directamente a la Región de Antofagasta y a las comunidades aledañas al salar. Asimismo, se reducirá una fuente de incertidumbre que ponía en duda el rol que desempeñaría Chile, segundo productor mundial de litio después de Australia, en un mercado altamente dinámico y crítico para la transición energética global.

Este acuerdo también tiene una dimensión política evidente. Primero, la asociación entre las dos empresas cuenta con amplio apoyo ciudadano. Según un sondeo de Cadem de junio de este año, entre quienes están informados de las tratativas, 67% considera que el contrato es positivo para Chile. Segundo, con algunos matices, los candidatos presidenciales han señalado que lo respetarán si este supera todos los procesos legales y reglamentarios antes del 11 de marzo de 2026. Con la aprobación del regulador chino y restando solo la toma de razón por parte de la Contraloría, el inminente cierre del acuerdo entre Codelco y SQM quita una presión al próximo gobierno, que deberá abocarse a la no menos importante tarea de su implementación.

Hermann González B.

Investigador de Clapes UC y socio de Valtin Consulting