SEÑOR DIRECTOR:

La burocracia excesiva del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) le costó al país US$2.200 millones en 2024, equivalente a 0,7% del PIB, y retrasó la creación de hasta 100 mil empleos, 30 mil de ellos permanentes. La inversión no solo es fundamental para el progreso económico y social, sino también para enfrentar el cambio climático. En las próximas décadas se requerirán más de US$50.000 millones para mejorar nuestro estándar tecnológico-ambiental. Paradojalmente, los proyectos que presentan mayor retraso son los que contribuyen a limpiar la matriz energética. Ejemplos paradigmáticos son los parques eólicos Rinconada en Biobío y Ovejera Sur en Los Ríos, con 1.380 y 1.418 días en evaluación, respectivamente. Otros casos apremiantes son proyectos solares en Atacama; de hidrógeno y amoníaco verde en Antofagasta y Magallanes; o líneas de transmisión en múltiples regiones. Más preocupante es la demora en infraestructura crítica como puertos, líneas de Metro o establecimientos de salud.

¿Cómo combatir esta asfixiante permisología? Tras desahuciar el proyecto de ley que revisa el SEIA, el gobierno anunció el ingreso de una iniciativa para acelerar la descarbonización. Es vital aprovecharla para ampliar su alcance e incorporar cambios medulares que no pueden esperar. Proponemos: eliminar la influencia de servicios sectoriales cooptados por grupos de interés, como el Consejo de Monumentos Nacionales; eliminar instancias políticas como el Comité de Ministros; facultar al regulador para acelerar proyectos recurrentes con procesos fast track y estándares predefinidos, como en Portugal o EE.UU.; otorgarle al Presidente la atribución para impulsar infraestructura critica, definiendo a priori el alcance de la evaluación, limitando requerimientos de información y estableciendo plazos fatales a la administración para su aprobación por motivos de utilidad pública o transición energética. Esto incluye viviendas sociales, hospitales, cárceles, gestión de residuos, agua potable o saneamiento, transmisión eléctrica, entre otros. A esto se suma adherir al SEA al Código del Trabajo para avanzar en profesionalización.

Pero no todo requiere ley. Hoy tenemos una cartera en evaluación cercana a los US$100.000 millones. Debemos aprobar, al menos, dos tercios de dicha cartera siguiendo los promedios históricos y con el impulso decidido del Presidente. Si queremos reactivar nuestro alicaído mercado laboral -con más de 900 mil desempleados- y crecer al 4%, tenemos que pasar a la acción.

Alejandro Weber

Decano Economía, Negocios y Gobierno USS

Cristóbal de la Maza

Centro de Políticas Públicas USS