SEÑOR DIRECTOR:

En el debate sobre el proyecto “No más TAG”, es importante recordar que, tal como está planteado, elimina la sanción a quienes circulan sin su dispositivo habilitado. Eso significa modificar un pilar básico del contrato de concesión que permitió la construcción de carreteras y del propio sistema de telepeaje, terminando por favorecer a una minoría que incumple de manera deliberada y traspasando riesgos a quienes sí cumplen haciendo un esfuerzo que se invisibiliza y no se valora.

Según cifras de la Dirección General de Concesiones ante el Congreso, el sistema registra alrededor de 2,2 millones de transacciones diarias, de las cuales solo entre un 2,6% y un 2,9% corresponde a transacciones infractoras (pasos con TAG inhabilitado, sin TAG o sin patente visible). Lo que se traduce en que el proyecto beneficia únicamente a este porcentaje reducido del flujo total, generando una señal institucional incorrecta, afectando la igualdad ante la ley y trasladando riesgos y costos a quienes sí cumplen y sostienen el sistema.

Durante décadas, el país ha consolidado un sistema de concesiones estable, que ha permitido contar con carreteras modernas financiadas en buena parte por el uso efectivo del TAG. Cambiar las reglas que aseguran su funcionamiento puede debilitar ese equilibrio justo cuando Chile necesita renovar y reactivar proyectos de transporte clave.

Eliminar o disminuir la sanción no es un gesto menor: es una burla para quienes, muchas veces con gran esfuerzo, cumplen con sus obligaciones sin excusas y sin saltarse las normas ni las filas, puede incentivar la evasión, encarecer la operación del sistema Free Flow y abrir conflictos judiciales que afecten futuras inversiones. Esto no solo impacta a las concesionarias, sino también a sectores como el comercio, la logística y el transporte, que dependen de una red vial confiable para operar cada día.

María Teresa Vial A.

Presidenta

Cámara de Comercio de Santiago