SEÑOR DIRECTOR:

Chile consume más de 1,2 millón de toneladas de plástico al año y recicla apenas un 8%. Mientras tanto, el 75% de los desechos encontrados en nuestras playas son plásticos de un solo uso. Esa es la realidad. Sin embargo, la diferencia entre lo que vemos en las negociaciones internacionales y en casa nos muestra un doble estándar indignante.

Las primeras semanas de agosto se desarrolló en Ginebra la negociación global para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos (INC 5.2) y el debate se estancó entre el lobby de los Estados petroleros y la legítima exigencia del sur global de un tratado integral. Pero, no olvidemos, un tratado tibio será tan dañino como un no-tratado.

Chile tomó protagonismo internacional para exigir que el acuerdo regule todo el ciclo de vida del plástico y no tan solo en medidas del reciclaje. Mientras tanto en casa, la implementación de la Ley PUSU, que debía eliminar gran parte de los plásticos de un solo uso en 2024, fue postergada hasta 2026 tras el lobby de la industria y el sector gastronómico, lo que implica 34.000 toneladas extra de plástico al medio ambiente.

Nos piden que usemos bombillas de papel o que carguemos nuestras bolsas reutilizables, mientras la gran industria maniobra para frenar cualquier intento serio de regulación. No podemos conformarnos con soluciones al final de la cadena de vida del plástico. La contaminación plástica es también una crisis de justicia y nuestra indignación debe traducirse en acciones concretas en nuestro país. Si de manera internacional empujamos la ambición, lo lógico sería también reflejar esa ambición a nivel nacional.

Ismaela Magliotto Quevedo

Cofundadora y directora de Gestión ONG Uno Punto Cinco; integrante del Grupo de referencia de jóvenes de ONU Chile