COMO RESPUESTA al incendio que afectó a parte de Valparaíso, con 12 mil damnificados y cerca de tres mil hogares dañados, el gobierno ha anunciado una serie de ayudas monetarias, una de las cuales consiste en un bono de $ 1 millón para cada familia afectada, destinado a la compra de enseres. Siendo indispensable que el Estado vaya en asistencia de los damnificados, en especial de aquellos en situación socioeconómica vulnerable, sería preferible que este tipo de ayudas se sistematizara en una política más amplia de asistencia en caso de catástrofes, para evitar el riesgo de crear expectativas desmedidas e introducir discriminaciones en la propia población.

El bono para la compra de enseres es inédito en su formulación, y por lo mismo debe ser objeto de un análisis más acabado, ya que de otorgarse en los términos señalados, el Estado podría quedar en la práctica obligado a entregarlo cada vez que ocurre una catástrofe, creando una expectativa que difícilmente podrá ser satisfecha, por la cuantía que ello implica para las arcas fiscales. Su eventual aplicación llevaría a preguntar si existe justificación para negarlo, por ejemplo, a los afectados por el terremoto de Iquique. ¿Se entregaría cada vez que algún hogar se ve afectado por una catástrofe o un siniestro? ¿Cómo se acotaría desde el punto de vista socioeconómico? Lo mismo podría decirse del bono por $ 200 mil que se anunció para vestuario, sin que se hayan entregado mayores detalles del mismo.

Es incuestionable que el Estado debe jugar un rol muy relevante en prestar auxilio en estas tragedias, pero dada la repetida ocurrencia de estos fenómenos en el país, lo conveniente sería que este tipo de soluciones fueran sistematizadas y existieran parámetros bien definidos para su otorgamiento, junto con las respectivas partidas presupuestarias. Con ello se preservaría el principio de que el Estado debe entregar ayudas bien focalizadas y posibles de satisfacer.