Durante siete décadas, la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue el estandarte de la empresa pública argentina.

Fundada en 1922 bajo la administración del Presidente radical Marcelo T. de Alvear, la compañía ya funcionaba realizando exploraciones de crudo en Argentina en 1908, prácticamente desde que se descubrió petróleo en ese país. Así pasó los siguientes 70 años como la mayor estatal de Argentina, superando las contingencias políticas y los sucesivos cambios de gobierno.

Sin embargo, en 1992, Carlos Saúl Menem, en su primer gobierno, impulsó la privatización de la firma, la que culminó a fines de esa década -durante su segunda administración-. En 1999 pasó a ser controlada por la española Repsol.

Menem justificó la privatización en el hecho de que la firma producía pérdidas en su operación, pese a tener en sus manos casi 100% de la producción de crudo de ese país. También argumentó que tenía una utilización política, como caja pagadora de favores, lo que habría abierto las puertas a la corrupción; y la imposibilidad del Estado de realizar las inversiones necesarias en exploración -un negocio de riesgo-, que la ayudara a mantener su competitividad.

Los primeros intentos de privatización de YPF -que la transformaron en una empresa "privada nacional"- fueron apoyados por el entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner.

En junio de 1999, Repsol -en una junta de accionistas que duró menos de dos horas, según reportó en la época el diario El País- incrementó su participación en la propiedad de YPF de 14,99% a 97,81%. En la ocasión, Repsol ofreció US$ 45 por cada título de la petrolera, un premio de casi 36% frente a los US$ 33 que costaban en el mercado.

Una de las críticas al proceso fue que se realizó en un esquema de venta directa y no de licitación. Hubo una intervención directa de Menem con el presidente de Repsol, Alfonso Cortina, para apoyar la venta. Hoy, Repsol tiene 57,43% de la compañía. El grupo Petersen, ligado al empresario Enrique Esquenazi, compró en 2007 el 14,9% y adquirió por US$ 1.300 millones otro 10% en mayo de 2011. Otros inversionistas tienen el 17,11% de la propiedad. Entre 2003 y 2010, la demanda de crudo en Argentina creció 38%, mientras que la producción retrocedió 12%, factor que cuestiona hoy el gobierno de Fernández a la petrolera española.