A primera hora de la mañana de ayer el rector de la U. Arturo Prat (Unap), Gustavo Soto Bringas, recibió la llamada de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien intentó trasmitir tranquilidad a esa institución que podría quedar fuera de la gratuidad por no cumplir los cuatro años de acreditación que se exigirían como mínimo.

Según afirmó el rector de la Unap, Delpiano lo llamó "para comunicarme que esta es una noticia en proceso, que no hay nada decidido y me dijo que se va a asegurar la gratuidad a todos los alumnos de las universidades estatales y para que de cualquier forma no queden sin gratuidad".

Sin embargo, este mensaje no logró calmar la inquietud de estudiantes, académicos y funcionarios de ese plantel estatal. "No me parece que se busque una fórmula alternativa, mediante la entrega de fondos basales vía convenio marco, porque como universidad estatal regional tenemos derecho a optar al concepto de gratuidad, que como ha dicho el gobierno es un derecho, no un beneficio", señaló Soto.

El malestar por la iniciativa del gobierno quedó de manifiesto en una marcha desde la universidad a la intendencia de Tarapacá, en Iquique, a la que habrían asistido cerca de mil personas y que fue encabezada por el rector de esa institución.

En el Congreso, en tanto, quedó en evidencia la división que hay en la Nueva Mayoría con respecto a la forma de implementar la gratuidad. Por un lado está la propuesta que el gobierno presentó ayer a parlamentarios oficialistas, la que se basa en exigir cuatro años de acreditación a todas las Ues. por igual, dejando fuera a tres planteles estatales (U. Arturo Prat, U. de Los Lagos y Utem).

"No tenemos claro exactamente el fallo del TC, mientras no lo tengamos claro no podemos levantar la propuesta siguiente. Pero el Estado tiene los mecanismos para apoyar a sus universidades", dijo Delpiano. Y agregó que para garantizar que esos planteles no queden fuera de la gratuidad "vamos a seguir buscando los acuerdos para poder mantener a todas las universidades del Estado dentro de un solo estatus".

Sin embargo, reconoció que si eso no es posible, "existen también las formas de apoyo que hoy día reciben mediante un fondo basal".

Pero hay sectores que exigen que las Ues. estatales sean tratadas todas juntas y de forma separada al resto de los planteles, mediante un estatuto especial. Por esta opción se inclinan, por ejemplo, Fulvio Rossi y los diputados del Partido Comunista.

La diputada Camila Vallejo, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, sostuvo que "nosotros creemos que el Estado tiene la facultad, por la vía administrativa, de entregar financiamiento directo a las instituciones del Estado y decirles ustedes tienen que ser gratuitas", afirmó Vallejo.

En tanto, el senador Rossi, indicó que tomar una alternativa que deje fuera a las tres Ues. estatales "sería una derrota en el plano simbólico y real, porque el TC no ha dicho que el Estado no pueda financiar a sus universidades. Estaríamos arrodillándonos frente a la derecha y dando la espalda a los principios de nuestro programa de gobierno". Por esto, dijo Rossi, "le expresé a los ministros que no voy a respaldar una ley corta que deje fuera a universidades estatales".

La senadora y presidenta del PS, Isabel Allende, enfatizó que "hay que encontrar una salida para esas tres universidades porque a mí no me parece que tengan que dejarlas caer (...) tenemos que buscar una salida que nos deje a todos contentos".

Mientras, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, indicó que le comunicó al gobierno que "estaría disponible para una ley corta destinada a que las universidades privadas, sean o no del Cruch, tengan por exigencia años de acreditación y no lucro efectivo. Y para las estatales que se utilice una vía administrativa, ya que hay varios mecanismos".