El Juzgado de Garantía de San Bernardo determinó ayer dejar en prisión preventiva a Carlos Zapata, funcionario de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, acusado de detener y allanar de forma ilegal un domicilio en esa comuna, en marzo de 2012, durante un operativo en el marco de la Ley de Drogas.

Otros dos funcionarios policiales, Héctor Gómez y Nelson Flores, deberán permanecer con arresto domiciliario total mientras dure la investigación, que tendrá un plazo de 60 días.

El fiscal Sergio Soto señaló, durante la audiencia de control de detención, que de acuerdo a los antecedentes recabados se llegó a la conclusión de que los policías habrían manipulado los hechos y, posteriormente, falseado el parte de detención. "Con estas situaciones se socavan las confianzas de la buena fe, que deben primar en este tipo de procedimientos", afirmó.

Por su parte, el abogado defensor de Zapata y Gómez, Luis Ojeda, consideró injusta la medida cautelar y afirmó que apelarán. "La causa no arriesga pena de cumplimiento efectivo, de manera tal que se considera que la cautelar decretada de prisión preventiva es excesiva y, en cierta medida, infundada por parte del tribunal. Vamos a apelar y creo que hay una alta probabilidad de revertirla en la Corte de Apelaciones de San Miguel", dijo.