Desde que a fines de julio tuvieron lugar una serie de movilizaciones estudiantiles en los principales liceos emblemáticos de la comuna de Santiago, el movimiento se ha expandido también a liceos de Providencia y Ñuñoa, con distintos niveles de intensidad, incluyendo tomas de establecimientos, que en algunos casos han sido desalojados rápidamente por petición de los alcaldes. Los hechos más graves ciertamente han sido las escenas de vandalismo; ayer, por ejemplo, se registró el lanzamiento de más de 30 bombas molotov en las inmediaciones del Instituto Nacional -otra vez los “overoles blancos”-, en tanto que hace unos días un profesor del Internado Nacional Barros Arana fue rociado con combustible, en tanto que un alumno del Lastarria resultó lesionado por la manipulación de artefactos explosivos.

Parece evidente que estas movilizaciones no son el producto de actos espontáneos, sino que son el resultado de una coordinación entre núcleos del alumnado que buscan poner de manifiesto sus petitorios ante la autoridad. Distintos establecimientos están en plena elaboración de dichos pliegos, pero se advierte que uno de los elementos en común es visibilizar las precarias condiciones de infraestructura en que se encontrarían estos liceos -por ejemplo, graves problemas en baños, salas deficientes, falta de equipamiento, entre otros problemas-, a lo que se suman otras peticiones, que en el caso del Lastarria se refieren a reforzar los programas de salud mental, terminar con las clases vía remota, o aumentar la duración de los recreos, entre otros aspectos.

No cabe duda de que estos problemas de infraestructura deben ser urgentemente atendidos, no solo porque ello afecta las condiciones en que se imparten las clases, perjudicado a profesores y alumnos, sino además porque se trata de demandas que llevan años planteándose. Pero la pertinencia de un petitorio tampoco puede justificar cualquier vía de presión, menos aún cuando ello se busca hacer a través de mecanismos como los paros y que además dan pie para que grupos radicalizados recurran al vandalismo, poniendo en riesgo la seguridad de toda la comunidad.

En esta oportunidad los grupos que lideran estas movilizaciones se escudan en que estas han sido aprobadas por el propio alumnado mediante consultas, pero ello tampoco legitima cualquier forma de presión y sus impulsores no pueden pretender desentenderse de los hechos de violencia que se están generando como tampoco de las graves consecuencias que conlleva la prolongada interrupción de clases.

Desde el momento en que estas movilizaciones parecen estar empezando a tomar el carácter de algo concertado y donde no cabe descartar que también se escondan motivaciones políticas -lo que podría anticipar que las medidas de presión no desescalarán fácilmente-, es necesario que el gobierno también se involucre activamente en la solución del problema. Los alcaldes, en tanto sostenedores, tienen una primera responsabilidad, y han actuado correctamente ya sea ordenando los desalojos, invocando Aula Segura o presentando querellas, pero en cierto modo se los está dejando solos a cargo de una crisis que los excede, y es tarea esencial del gobierno desactivar el vandalismo y asegurar que el derecho a la educación se cumpla, neutralizando a los vándalos. El plan de infraestructura para liceos anunciado hace unos días es un paso, pero el rol del Ministerio de Educación en esta crisis que se está larvando debe ser mucho más activo.