El fallo de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol le dio una buena noticia a Universidad de Chile, pero lo llenó de preocupaciones. Si bien los azules obtuvieron la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente, terminaron con cuantiosas pérdidas económicas y complicaciones logísticas que cobran suma urgencia, debido al apretado calendario que tienen por delante.

En Azul Azul hubo satisfacción por el resultado deportivo. Sin embargo, quedaron muy disconformes con la sanción recibida de 14 partidos sin público (siete como local y siete como visita). “Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las Copas Libertadores y Sudamericana. Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación y desde ya estamos trabajando en la apelación”, manifestó Michael Clark, timonel de la concesionaria, minutos después de conocerse el fallo.

Además, se le sumó un importante castigo económico de US$ 270 mil, por los desórdenes y acusaciones de racismo. Esta última sanción es una de las que más preocupa en la concesionaria porque puede afectar en el futuro, ya que este tipo de multas se van elevando en caso de reincidencia. En la U repiten que el hincha azul con la banana en Avellaneda apuntaba a burlarse por la recordada historia del gol de Marcelo Díaz con la camiseta de Racing.

Por lo mismo, el abogado paraguayo Gerardo Acosta solicitó los fundamentos del fallo para presentar la apelación. Estos últimos llegarán a las oficinas del Centro Deportivo Azul durante la próxima semana, para luego dar paso a la preparación de los reclamos de los estudiantiles. En la U insisten en que Independiente es el principal responsable en su rol de organizador del partido. En caso de no recibir una respuesta positiva, incluso no descartan ir al TAS.

Más allá de la urgencia de intentar revertir una resolución que afecta directamente a las arcas de la sociedad anónima, pues dejarían de percibir cerca de US$ 7 millones, la preocupación más inmediata en la U es resolver la trama de la Supercopa. La ANFP insiste en llevarla a cabo el domingo 14 de septiembre, a las 15.00, en el estadio Santa Laura, y con la particular medida de dejar ingresar solamente a personas mayores de 55 años. De hecho, abogados simpatizantes de ambos equipos presentaron recursos para frenar la venta de entradas por considerarla “discriminatoria”.

El cuadro estudiantil planteó la idea de adelantar el partido al sábado 13 y así tener más días para preparar el duelo frente a Alianza Lima. La idea es viajar el martes para enfrentar el duelo que se jugará el 18. Según pudo conocer El Deportivo, la propuesta fue rechazada por Carabineros debido a la cercanía con el 11 de septiembre, una fecha que siempre demanda un amplio despliegue policial, lo que impediría organizar un operativo de la envergadura que requiere un Superclásico. La vuelta de la llave, frente a la ausencia del Estadio Nacional por ser sede del Mundial Sub 20, se jugará en Coquimbo, sin público.

Las negociaciones están en el momento más álgido. Michael Clark está llevando adelante las conversaciones directamente con Jorge Yunge, secretario general de la sede de Quilín. “Este partido se debía jugar a principio de año, dos veces. Y la U estuvo por jugar esas dos veces, nosotros queríamos jugar, hicimos esfuerzos, tuvimos flexibilidad para jugar y lamentablemente esos partidos no se jugaron porque uno se suspendió y porque en el otro se cedió a presiones de la Garra Blanca”, acusó Clark.

Como esta situación atenta contra los intereses azules, la dirigencia endureció la postura y amenazó con jugar con juveniles. “Se lo dije personalmente a la gente de la liga, a Yamal Rajab, y se lo dije también personalmente al secretario ejecutivo Jorge Yunge, y esto fue antes de que pasara todo lo de la situación en Argentina; que si nos iba bien en esta llave con Independiente y avanzábamos a los cuartos de final, nosotros no estábamos por jugar la Supercopa”, recordó Michael Clark.

Apenas se conoció la sentencia de la Conmebol, Pablo Milad le envió un WhatsApp al timonel laico para felicitarlo por el resultado del fallo. Sin embargo, en la oportunidad no se tocó el aplazamiento de la Supercopa. ¿La razón? En la interna de la ANFP insisten en que “no está en duda” el partido.

“Hay motivos de toda índole, no es lo correcto analizarlo punto a punto hoy. Pero sí hubo complicaciones para llegar a esta fecha. Se logró esta fecha, hay un consenso con la autoridad que es fundamental, y ahora se tiene que jugar”, dijo Pablo Milad.

La insistencia de la ANFP en disputar la Supercopa apunta a evitar que siga escalando el conflicto con TNT Sports, su principal socio comercial. Los clubes están en plena negociación con la empresa televisiva para el pago de los 34 mil millones de pesos que la empresa matriz del canal (Warner) les ganó en un juicio que se llevó a cabo en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago el 2024, y que fue ratificado por la Corte de Apelaciones en agosto de este año. En la casa televisiva apuntan a elevar la cantidad de suscriptores, en un mes en que se interrumpirá la Liga de Primera por la disputa del Mundial Sub 20. Suspender la Supercopa, con entradas vendidas y programación, sería una muy mala señal, advierten en la sede del fútbol chileno.

El factor Cordero

Entre los argumentos de la U se encuentra la negativa del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, de recibir el partido, pero por sobre todo las alertas que levantó recientemente el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien puso reparos al choque debido a los trabajos que actualmente se están llevando a cabo en Santa Laura.

“Los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Seguridad es por imponer las obligaciones a los organizadores. En mi visita semanal que yo realicé al municipio, visitamos Independencia, donde vimos todos los temas de seguridad y el alcalde fue muy transparente sobre su posición sobre el partido”, afirmó el secretario de Estado.

“Yo me comprometí a evaluar esa situación en lo que respecta al Ministerio de Seguridad. Lo que sí le puedo decir es que un estadio que se encuentra en obras no puede tener un partido de fútbol”, anticipó, más allá de que la última palabra le corresponde a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, con la que ha tenido más de algún desencuentro.

En la U confían en que se impondrá el criterio del exministro de Justicia, con quien tienen una muy buena relación. Apuestan por una nueva postergación, priorizando el éxito internacional, y critican a la ANFP por querer jugar a como diera lugar un encuentro, cuya organización cada día agrega más dudas que certezas.