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El tribunal desechó los cargos que la ministra Romy Rutherford levantó en contra del excomandante en jefe del Ejército, en septiembre de 2023.

El general en retiro Antonio Francisco Cordero Kher y los coroneles en retiro Luis Mauricio Reyes Álvarez y Alex Gluzman Comte son investigados por una defraudación que en valores actuales se acerca a los $850 millones.

La jueza, que alcanzó alta notoriedad pública con la indagatoria de corrupción al interior de la institución uniformada, entregó sus antecedentes al proceso de selección para integrar el máximo tribunal. El camino, sin embargo, no será breve: el gobierno debe zanjar, primero, la selección de otros dos puestos.

A pesar de que la jueza terminó su visita para indagar el fraude en el Ejército, la policía decidió mantener su resguardo por parte de los dos PPI que la acompañan desde mediados del 2018. La medida, explican en la institución, tiene que ver con que aún está expuesta a situaciones que podrían vulnerar su seguridad.

En sus últimos días en el cargo, la jueza saliente amplió el procesamiento del excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, y condenó a 10 procesados en una de las 43 aristas de la indagatoria. Esta jornada, en tanto, juró como ministra de la Corte Marcial quien se quedará con su lugar: la ministra Ana María Osorio.

Ana María Osorio (61) y Jenny Book (65) son las integrantes de la Corte Marcial que podrían tomar la posta de la ministra en visita que deja su cargo el lunes 4 de septiembre. La primera es la que -dicen- tiene más posibilidades, pues Book ya preside el tribunal militar. Por su parte, la magistrada que asumió el cargo en 2017, pasará a integrar la Corte de Apelaciones de Santiago y la Sala Tributaria, pero antes, especulan los intervinientes en la causa, podría decretar un procesamiento que involucra a una importante cantidad de altos mandos en retiro.

Ante una solicitud ingresada por el Consejo de Defensa del Estado a fin de extender por seis meses las labores de la jueza, el pleno de ministros se inclinó por rechazar su permanencia a cargo de la investigación que tiene en la mira a excomandantes en jefe del Ejército. Desde la institución encabezada por Raúl Letelier argumentaban que existían 67 órdenes de investigar pendientes de entrega, sin embargo, eso no convenció a la mayoría de los ministros.

La Corte Suprema resolverá el lunes una solicitud del Consejo que pide que la jueza que indaga el fraude en el Ejército siga seis meses más: “Existen 67 órdenes de investigar pendientes de entrega”, se lee en el escrito. De fracasar el intento, la ministra partirá el 4 de septiembre.

La magistrada asumirá el cargo a partir del 4 de septiembre.

Fue procesado por 29 facturas falsas que equivalen actualmente a más de 360 millones de pesos, y falsedad militar en relación con esas mismas facturas.

El máximo tribunal no le otorgó todo el plazo con el que contaba la ministra para seguir con las pesquisas en el caso, a pesar de que la legislación le permitía estar un año más al frente de la indagatoria. A partir de ahora, la jueza que procesó a los cinco últimos comandantes en jefe de la institución militar trabaja contra reloj.

La defensa del exmandamás de la institución castrense recurrió a la instancia luego de que la ministra Romy Rutherford -quien lo procesó por delitos reiterados de malversación de caudales públicos- le denegara el beneficio.

General en retiro, investigado por su presunta participación en el delito de malversación de caudales públicos, podrá apelar en la Corte Marcial en una audiencia que se realizará hoy a las 13.30.

Tras nueve días de prisión, el excomandante en jefe solicitó a la jueza Romy Rutherford cambiar su medida cautelar.

La ministra en visita que indaga el fraude en el Ejército contestó al recurso de amparo presentado por el general (R) Juan Emilio Cheyre. En el escrito enviado a la Corte Marcial advierte que la defensa del exoficial presenta un documento que justificaría la entrega de recursos a los jefes militares, a través de un decreto de 1998, sin embargo, la magistrada replica: "Tendrán derecho a un conductor, y un mayordomo y/o asistente mozo, derecho que -aún siendo atípico- tampoco involucra entrega de dineros en efectivo, sin rendición de cuenta, ni mucho menos del fondo para gastos reservados".