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Esta semana el pleno de la Convención despachó al borrador de la nueva Constitución el artículo que modifica el modelo estatal que actualmente tiene Chile. Expertos en este tema explican lo que significa la norma aprobada y las consecuencias que tendrá para el país este fuerte cambio de paradigma.

Parto de la base que atenuar el presidencialismo es disminuir las potestades presidenciales y generar instrumentos de colaboración con el legislativo. No basta con solo trasladar potestades al Congreso. El gran problema del sistema político actual es su traba y bloqueo que llevan a que las preeminentes facultades presidenciales tengan como reacción un legislativo que interfiere la política.

El resultado de las votaciones refleja que hay ausencia de negociación permanente y ello urge ser corregido para la discusión particular y de cara a los 2/3 del pleno. Caben dudas cual es el alcance de lo corregible y cómo entenderá la comisión la posibilidad de incorporar indicaciones que mejoren sustancialmente lo aprobado para presentar a la ciudadanía un modelo que permita corregir los defectos del actual presidencialismo que viene en crisis hace años y al parecer no se ha querido corregir.

Los procesos participativos deben buscar acordar aquellos elementos que nos identifican y tenemos en común. En resumen, la incidencia es expresión de la soberanía por medio de la participación pública deliberativa permitiendo el diálogo político racional; teniendo la capacidad de incorporar los contenidos deliberados en la discusión constituyente.

También hay otro desafío particular, y es si de el índice temático tendremos una Constitución cargadamente programática con base a la lógica de reivindicaciones sociales muy propia de sociedades desiguales, pero que le resta juego a la democracia futura o, tendremos una carta fundamental habilitatoria y sobria en su extensión -pero con definiciones conceptuales claras y sustanciales- permitiendo que el futuro legislador democrático y el Gobierno vayan moldeando su ejecución concreta. Espero que este segundo camino sea la opción de nuestra constituyente.

Existe una disputa traslapada sobre cómo se han llevado a cabo los cambios profundos en Chile. Por un lado, los que creen que éstos sólo se pueden producir de abajo hacia arriba y por el pueblo movilizado de forma permanente. Por otro, los que creemos que el modelo chileno de cambio constitucional responde a nuestro modelo histórico que denominamos el «institucionalismo transformador» muy propio del Siglo XX y que se extiende hasta ahora.

La Convención debe evitar entrar en una especie de introversión propia de los órganos colegiados, como por ejemplo, pasa con el Congreso que, con base a la legitimidad que confieren los votos, los representantes entienden que no necesitan del mundo exterior para justificar sus opciones y votaciones, siendo parte de un proceso de elitización donde se mira con recelo todo aquello que no tiene justificación electoral.

En el Observatorio Nueva Constitución, las investigadoras Carolina Gómez y Paula Medina, elaboraron una propuesta concreta para lograr una Convención deliberativa que busca generar un diálogo entre Constituyentes y ciudadanía para llegar a un texto constitucional que incorpore efectivamente las visiones y miradas de las personas.

El Presidente de la República dictó y publicó el decreto que convoca a la instalación de la Convención Constitucional y fue más allá de lo dispuesto en el Capítulo XV de la Constitución. El Presidente debió ser prudente y, junto con fijar en su decreto lo estrictamente necesario la instalación de la Convención.

Los convencionales son ejercicio de la soberanía, pero no la soberanía. Es por eso que el texto que emane de la Convención será plebiscitado al final con voto obligatorio.

Los contornos de la nueva Constitución vienen desde la ciudadanía y del debate público desde hace tiempo. Giran hacia un Estado social, democrático y ecológico, sostenido en la igualdad de género, con una distribución territorial profunda del poder y de forma participativa, con un sistema de derechos sociales garantizados e incorporando nuevos derechos propio de los cambios culturales.

Creo que el mejor pacto sería una Constitución habilitadora. Esto no es neutralidad, sino que el constituyente hace opciones constitucionales claras, como por ejemplo, definir el Estado como social, plurinacional, regional o el agua como un bien nacional de uso público, pero deja que el desarrollo de tales concepciones se realicen por ley o por los futuros gobiernos.

El reglamento adquiere una doble finalidad: permitir forjar consensos constitucionales y disponer de herramientas para resolver las dificultades propias de un órgano constituyente. Hay una premisa de todo órgano colegiado: entre más voluntad de consensos hay, menos importancia tiene el reglamento y viceversa.

El jurista, quien representó a parlamentarios de la Democracia Cristiana ante el organismo para defender la reforma que permitió el segundo retiro de fondos, asegura que el Presidente cometió un error al "indisponer", en medio de una disputa de poder con el Congreso, al Tribunal Constitucional. Además, interpreta que la decisión responde también al contexto de crisis económica, política y social que vive el país.

El constitucionalista Tomás Jordán y la cientista política Pamela Figueroa son los coeditores del libro “7 propuestas para la nueva Constitución de Chile” lanzado esta semana. El libro no solo analiza la actual Constitución sino que presenta propuestas para avanzar hacia el fin del sistema hiperpresidencialista, reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios e impulsar una mayor participación ciudadana en la política.