Por una Convención con participación: una propuesta para su legitimidad

En el Observatorio Nueva Constitución, las investigadoras Carolina Gómez y Paula Medina, elaboraron una propuesta concreta para lograr una Convención deliberativa que busca generar un diálogo entre Constituyentes y ciudadanía para llegar a un texto constitucional que incorpore efectivamente las visiones y miradas de las personas.



La Convención Constitucional tiene la oportunidad no sólo de dotarnos del primer texto constitucional democrático; sino también de oxigenar la política y sus formas. Partimos de una premisa indubitada: la democracia representativa está en crisis. Hay desconfianza de la ciudadanía en la toma de decisiones de sus representantes la que se refleja en una curva descendente en la participación electoral y las manifestaciones de rechazo hacia la gestión de la política.

¿Qué hacer?. Primero que todo, no es realista pensar que la Convención por sí misma será la solución a esta crisis. Sin embargo, tiene la oportunidad de evitar la tendencia a la elitización de las entidades colegiadas, desconectándose de la ciudadanía y recurriendo a ella sólo para dar cuenta de lo que se hace o vinculándose únicamente con sus partidarios.

En ese escenario aparece la participación ciudadana buscando complementar y enriquecer la representación. En el Observatorio Nueva Constitución, las investigadoras Carolina Gómez y Paula Medina, elaboraron una propuesta concreta para lograr una Convención deliberativa que busca generar un diálogo entre Constituyentes y ciudadanía para llegar a un texto constitucional que incorpore efectivamente las visiones y miradas de las personas.

Cuenta con 4 etapas. La primera de «Preparación». No es lo mismo debatir que deliberar o dialogar. El diálogo deliberativo requiere voluntad de escucha, intercambiar ideas, comprender los argumentos de los otros y construir puntos en común. Para ello, convencionales y ciudadanía se deben preparar. Además, la Convención debería poner en valor, mediante audiencias públicas, el trabajo previo, realizado por la ciudadanía, la academia, los grupos de interés público con relación a los cambios que hemos experimentado en los últimos años. Con estos antecedentes, la etapa siguiente es la «Deliberación». Se propone que la Convención, seguramente organizada en grupos o comisiones, se abra al diálogo con personas interesadas y afectadas por los temas a tratar, en jornadas de trabajo con una metodología. Por ejemplo, ¿Qué derechos sociales debería incorporar la Constitución? Una vez priorizados, ¿cuáles son los contenidos que deben incorporar cada uno de los derechos sociales priorizados? Si se prioriza el derecho a la educación, su contenido podría ser: de calidad, garantizar su acceso. Se propone también habilitar consultas individuales respetando a aquellos que no desean o no pueden participar grupalmente.

El momento siguiente es la «Redacción» del texto. Con los contenidos anteriores debidamente sistematizados, los(as) convencionales redactan propuestas de textos jurídicos incorporando las visiones ciudadanas. Por ejemplo, “el derecho a la educación de calidad”. La etapa debe contar con un mecanismo de trazabilidad que muestre la incidencia de la ciudadanía. Finalmente, la «Representación», que involucra la votación por los 2/3 en el plenario. Realizar el proceso participativo les permitirá llegar al momento de la votación con mayores niveles de acuerdos y con legitimidad, confiriendo sustancia a los artículos aprobados.

En resumen, una Convención con participación es una oportunidad para demostrar que el complemento entre democracia representativa, directa y participativa es virtuoso. El ejercicio participativo dotará de legitimidad al propio proceso y al resultado del mismo, provocando que el texto de nueva Constitución nos identifique, adhiramos a él en el plebiscito final, generando un compromiso constitucional de futuro, es decir, un pacto constitucional.

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