“Hemos catalogado de crisis un evento que a todas luces no parece serlo”, sostiene Mijail Bonito, quien fuera asesor de política migratoria durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, sobre los coletazos que dejó el caso de los menores de edad haitianos que ingresaron al país en vuelos chárter y que, al cierre de esta edición, habían sido, en su mayoría, encontrados.

Entrevistado por Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el actual académico del Magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma cuestionó los reproches que durante la semana pasada se hicieron a la Policía de Investigaciones (PDI), a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y al Servicio Nacional de Migraciones. Además, embistió contra el anterior titular de este organismo, Luis Thayer.

¿Qué sensación le queda con esta situación?

No comprendo bien ni el origen ni el fondo de la crisis. No comprendo bien por qué es una crisis que estamos discutiendo. Es un grupo de niños, niñas y adolescentes haitianos que llegaron a Chile con visas de residencia temporal de reunificación familiar, lo que supone que el Servicio Nacional de Migraciones tiene que revisar el pasaporte de esos niños y el que sean hijos de residentes definitivos en Chile o de naturalizados chilenos. También, que los padres sean capaces de mantener a sus hijos económicamente en Chile. Por lo tanto, cuando pasa este proceso, que dura entre 180 días y un año, se emite una residencia temporal a efecto de reunificación familiar por dos años a estos menores. (...) Estos menores ingresaron por el aeropuerto de Santiago y surge una alarma, que está correcta que surja, sobre que ingresan al país con personas que no son sus padres... (sobre que) una persona adulta traiga a más de 10 menores. Pero estas personas cuentan con mandatos para traer a estos menores y presentarlos ante la policía internacional. Por lo tanto, son los adultos responsables autorizados por los padres de los menores. Eso es lo que veo que pasó aquí.

¿Y dónde estuvo el problema?

El preinforme de Contraloría señala que hay documentos que no están legalizados en el momento de darles a los menores las visas de residencia temporal, y ahí sí hay un problema. Eso se produce porque el director del Servicio Nacional de Migraciones anterior decide flexibilizar de modo propio las legalizaciones, cosa que a mi juicio es grave. No solo grave, sino que ilegal. Creo que él no tuvo las facultades para disminuir o flexibilizar algo que está comprendido en un decreto supremo, firmado por el Presidente de la República. (...) Los preinformes, hasta que la entidad cuestionada no los pueda contestar y subsanar las observaciones, son reservados, justamente por eso. A partir de eso se ha creado una suerte de alarma masiva sobre un eventual tráfico de migrantes, sobre responsabilidades de entidades del Estado como la PDI o la DGAC, como si el Estado chileno no funcionara y hubiera habido una epidemia de trata de menores, que no hubo. Se salieron a buscar a esos menores y se encontraron en 48 horas. Había que buscarlos antes de dar una alarma de este nivel.

Varias autoridades comparecieron en el Congreso, el gobierno por su parte convocó a una fuerza de tarea coordinada por la ministra María Jesús Wulf. ¿Cómo define lo que se vio la semana pasada?

El preinforme se conoció el lunes y se nombró a la ministra el jueves. ¿Por qué el lunes no se agarró el teléfono y se llamó al Registro Civil para ver cuántos niños ya habían obtenido su RUT?, ¿por qué no se les pidió ayuda a las municipalidades a ver si los niños estaban colegiados?

¿Quién debía hacer eso, el Ministerio Público?

Cualquier (autoridad) que tome conocimiento del preinforme. Si no aparecen los niños, se da la alarma. Pero se dio la alarma con los niños aquí. La alarma desmedida provoca problemas directos con las instituciones, estuvieron cuestionadas la PDI, la DGAC e incluso la propia Fiscalía...

¿Qué ve detrás de la situación?

Aquí hay irregularidades, pero la irregularidad principal es el memorándum de 2024 del entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, flexibilizando los requisitos para las legalizaciones. Las personas ingresaron bien al aeropuerto si tenían un permiso de residencia, un pasaporte y un mandato y no tenerlo sería un delito. Nos estamos dando cuenta que eso sí estaba correctamente porque no hay denuncias de padres haitianos sobre que sus hijos hayan desaparecido. El problema real que veo es que no hubiera legalizaciones y no podríamos establecer que esos niños son hijos de quien dicen ser y que hubiera documentos falsos. Pero eso no es responsabilidad de la PDI, sino de quien flexibilizó las legalizaciones.

Serían casos aislados...

Nadie sabe cuáles fueron los documentos no legalizados que fueron aceptados. Ese es el único problema, la única irregularidad real que yo encuentro después de haber leído todo esto.

¿El Servicio Nacional de Migraciones, la DGAC y la PDI funcionan bien en Chile?

Al menos en este caso no veo ninguna irregularidad. (...) Chile no es un país desinstitucionalizado.

¿Hubo sobrerreacción, entonces, a su juicio?

Siempre dije eso. Hemos catalogado de crisis un evento que, a todas luces, no parece serlo. Cuando uno cataloga de crisis algún evento habiendo instituciones que tienen la función de evitar que esas crisis ocurran, básicamente lo que se le está diciendo a estas instituciones es que no sirvieron. Si los números de la crisis son los números que tenemos hoy, probablemente no teníamos una crisis.

¿Hubo motivación política? El gobierno incluso creó la fuerza de tarea.

No lo sé, no puedo evaluar esas cosas. Lo único que señalo es que los niños aparecieron casi de inmediato y no hubo irregularidades en la PDI y en la DGAC, y la única irregularidad cierta y concreta es que en el año 2024 el director del Servicio Nacional de Migraciones flexibilizó el recibo de documentación desde Haití, señalando que no era necesario legalizarla.