Fue durante los primeros días de febrero cuando el general director de Carabineros, Mario Rozas, puso sobre la mesa su continuidad al mando de la institución que controla a 60 mil efectivos: “Ministro, mi cargo está a disposición”, dijo entonces el alto oficial.

El planteamiento de la autoridad policial, que fue rechazado por La Moneda, tuvo su origen en el anuncio que el 29 de enero realizaron parlamentarios del Frente Amplio, en el cual emplazaron al “ministro (Blumel) a decidir: o deja de proteger a Rozas o el propio ministro será acusado constitucionalmente”, advirtió entonces el diputado de Revolución Democrática (RD) Jorge Brito, transformando al general Rozas en un verdadero cortafuegos entre la oposición y el gobierno.

Pese a que la arremetida inicial del Frente Amplio no reunió los votos necesarios y decayó en su intensidad durante el receso legislativo, los incidentes posteriores a la marcha del 8M, del pasado domingo, y la viralización de un video que registró una agresión policial contra el militante socialista Patricio Bao (69) en calle Ramón Corvalán, dieron un nuevo aire a la acción constitucional en contra del jefe de gabinete y puso una vez más en la mira el actuar de Carabineros.

Por esta razón, esta semana será clave para definir si el libelo contra Blumel contará con los votos necesarios de la oposición en la Cámara Baja. Y también será una semana trascendente para avanzar en los profundos cambios que impulsa el Ejecutivo sobre Carabineros.

La cita está fijada para el martes en la mañana en La Moneda. Allí, el Presidente anunciará la esperada reforma a Carabineros, que se hizo más urgente después de los casos de violaciones a los derechos humanos que se han denunciado desde el 18 de octubre pasado. La idea, adelantan en Palacio, es que sea un “acto de Estado”, para lo cual se convocará a representantes de los demás poderes, así como a los integrantes del consejo que convocó el Presidente y encabezó el propio Blumel, con el fin de elaborar una propuesta.

La reforma que presentará el Ejecutivo tiene tres ejes: el primero tiene que ver con la definición de criterios generales de una “policía moderna”. Para ello tomaron ideas de varios países, buscando un modelo más cercano con la ciudadana. Luego, pone foco en el control del orden público -y la preparación de los policías para ello-, en concordancia con el respeto a los derechos humanos. Y en tercer lugar, se espera enviar indicaciones al proyecto que se tramita en el Congreso y que tiene relación con la formación de Carabineros.

Para adelantar la propuesta, el ministro del Interior invitó a un almuerzo el lunes a los parlamentarios de la comisión de seguridad de Chile Vamos.

La reforma, sostienen en La Moneda, incluirá varios puntos de la propuesta del senador PPD Felipe Harboe. Lo que aún habrían dejado pendiente es la idea de separar el Ministerio del Interior del de Seguridad Pública, una recomendación que hace tiempo resuena en Palacio.

Al margen de la reforma, el anuncio incluirá medidas que se aplicarán de manera inmediata en Carabineros y que son fundamentalmente de carácter administrativo. Medidas que Rozas, el exedecán del Presidente, tendrá que poner en práctica mientras esté al mando de la institución.

Pese a que la presentación de esta reforma ha sido postergada -se pensaba entregar en febrero-, en La Moneda hay plena convicción de que la institución necesita cambios profundos y que no pasan únicamente por el reemplazo de Rozas, lo que además tiene una complicación aparte: después del caso Catrillanca, el Presidente llamó a retiro a todo el alto mando de la institución, por lo que no hay muchos nombres disponibles para el reemplazo de Rozas.

Levantar la moral

“Los niveles de violencia que estamos viviendo son inéditos. He conversado con el general Rodolfo Stange y él me decía que lo único que vivió fue el año 57, en una grave situación de orden público que duró una semana y hubo una cantidad de muertos bastante importante”, relató el general Mario Rozas a la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja el jueves en Valparaíso. Stange, hoy de 94 años, fue general director entre 1985 y 1990 y hoy es una de las voces que aconseja al general Rozas, de 52 años.

Junto al retirado general, la máxima autoridad policial también contactó a otros exaltos mandos de Carabineros.Entre ellos están los generales Eduardo Gordon, Gustavo González, Bruno Villalobos, Hermes Soto y Manuel Ugarte, con quien habló esta semana. Con todos ellos Rozas aborda el mismo tema: cómo mejorar en materia de control del orden público, levantar la moral de sus tropas y mitigar las malas prácticas policiales en las calles. Otro interlocutor con el que Rozas ha hablado en el último tiempo para buscar consejos es el expresidente Ricardo Lagos Escobar.

A nivel interno, Rozas creó dos comités: uno encargado del área de comunicaciones y otro del área operativa. Con este último mantiene reuniones periódicas en una reservada oficina del tercer piso en calle Zenteno. Allí reúne a sus seis generales inspectores, siendo dos de ellos claves a la hora de conocer las estrategias. Fue tras una de estas reuniones que se tomó la decisión, por ejemplo, de suspender el uso de las escopetas antidisturbios y, posteriormente, cambiar el tipo de munición.

Los oficiales detrás de las últimas medidas realizadas por la policía son el general Ricardo Yáñez, director nacional de Orden y Seguridad, y el general Mauricio Rodríguez, jefe Zona Metropolitana. Ambos tienen bajo sus mandos a los equipos tácticos a cargo del control del orden público durante las manifestaciones. Ellos, además, fueron los encargados de coordinar la seguridad del general Rozas el pasado 3 de enero, día en que, equipado con un traje de Fuerzas Especiales y sin utilizar las presillas de cuatro estrellas que luce sobre sus hombros, visitó en terreno a un grupo de policías que custodiaba Plaza Italia, Ramón Corvalán y calle Carabineros de Chile, en el centro de Santiago. Ese mismo día, pocas horas después de la visita de Rozas, la iglesia institucional sería quemada por encapuchados.

Pero sabido es que Rozas -al igual que sus predecesores- tiene resistencias internas en la institución. Un asunto que quedó de manifiesto cuando corrían las críticas por la decisión del mandamás de tomarse vacaciones en Horcón, entre el 3 y 10 de febrero, en medio de la peor crisis que ha afrontado la institución. Lo hizo los mismos días que descansó el Presidente Piñera estuvo en el Lago Ranco.

Nuevas celdas para uniformados

Pese al clima de incertidumbre, el jefe de Carabineros continua su rutina monitoreando a diario los incidentes de la crisis social. Su jornada comienza cerca de las 5 de la mañana, cuando recibe los reportes de los hechos de mayor relevancia ocurridos durante la noche. Posteriormente, cerca de las 8.30 am toma contacto con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Según el entorno de Rozas, las definiciones estratégicas son adoptadas por el general director y comunicadas al gobierno, mientras que las medidas operativas y de control de orden público recaen en el general Ricardo Yáñez, quien tiene como interlocutor al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y al intendente metropolitano, Felipe Guevara.

Una de las últimas decisiones estratégicas que tomó Rozas fue reformular y eliminar el nombre de Fuerzas Especiales y cambiarlo por el de Prefectura de Orden Público. Otra medida fue su instrucción de construir celdas en la Escuela de Formación de Cerrillos, para el cumplimiento de medidas cautelares de alta intensidad, como la prisión preventiva de policías formalizados por delitos cometidos durante esta crisis. Esta unidad está operando desde enero y se suma a otros dos recintos -Pudahuel y Lo Espejo- que tienen habilitadas celdas para sus funcionarios. En total, hay 83 uniformados sancionados, de los cuales 44 cumplen arrestos, 14 han sido dados de baja y 25 han sido amonestados. D