El anuncio del despido de la doctora Susan Monarez como directora del CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) estadounidense, tras solo 28 días en el cargo y habiendo sido ratificada por el Congreso, provocó la renuncia de otros cargos directivos en el CDC, evidenciando una preocupante politización y debilitamiento en el funcionamiento de organismos técnicos cuya misión esencial es proteger la salud pública.

Las renuncias incluyen posiciones estratégicas: la Directora Médica Principal y Subdirectora de Programas y Ciencias, el Director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, el Director del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas, y el Director de la Oficina de Datos, Vigilancia y Tecnología de Salud Pública. La pérdida simultánea de estas posiciones representa una pérdida catastrófica en áreas críticas para la seguridad sanitaria global.

Cuando las decisiones técnicas se subordinan a intereses político-partidistas, sin los debidos contrapesos institucionales, se generan riesgos directos en la gestión sanitaria, como baja adherencia a recomendaciones de salud y desconfianza ciudadana en sus autoridades. En un mundo donde las pandemias son cada vez más probables, esto compromete gravemente nuestra preparación ante emergencias sanitarias.

Esta crisis refuerza la necesidad de que los países fortalezcan sus sistemas de preparación pandémica como política de Estado, independiente de los gobiernos de turno. En Chile y el mundo, sistemas como la Alta Dirección Pública, basados en el mérito y el desempeño, debieran constituir un contrapeso valioso a la politización de cargos técnicos. La selección por concursos basados en el mérito fortalece las decisiones centradas en competencias profesionales y evidencia científica y no en la coyuntura política.

Chile tiene la oportunidad histórica de liderar los esfuerzos regionales para la ratificación del Acuerdo de Pandemias de la OMS, instrumento que busca establecer un marco jurídico que garantice la cooperación internacional, el acceso equitativo a vacunas y otros insumos médicos, y el fortalecimiento de capacidades nacionales de preparación.

Un elemento crítico del Acuerdo es el desarrollo del anexo sobre Acceso a Patógenos y Distribución de Beneficios, que establece criterios científicos para el intercambio de datos y patógenos, y protocolos que aseguran una distribución equitativa de los beneficios derivados de su estudio. La ratificación del Acuerdo también exige el fortalecimiento de la cadena de suministro, lo que implica desarrollar capacidades productivas regionales que reduzcan la dependencia de mercados concentrados y vulnerables a tensiones geopolíticas.

La crisis del CDC debe catalizar una reflexión profunda sobre la arquitectura de la salud pública regional y global. Chile puede y debe liderar iniciativas de cooperación técnica y fortalecimiento institucional en América Latina.

En esta senda, la modernización del Instituto de Salud Pública chileno resulta estratégica. Esta debe contemplar no solo el fortalecimiento de su autonomía regulatoria, sino también el desarrollo de capacidades de liderazgo regional en vigilancia epidemiológica, evaluación de riesgos y coordinación de respuestas ante emergencias. Solo así podremos construir un sistema de salud pública resiliente, basado en evidencia científica y protegido de los vaivenes políticos.