Las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump son las “más restrictivas y deshumanizantes en años” y han “erosionado el derecho a solicitar asilo y han dejado a muchos migrantes y solicitantes de asilo varados sin un lugar seguro adonde ir, atrapándolos en un ciclo de violencia física, emocional e institucional”.

Así lo dio a conocer el informe de Médicos Sin Fronteras (MSF), Rechazados: el devastador impacto humano de los cambios de política migratoria en Estados Unidos, México y América Central, que se basa en el análisis de datos de la organización internacional y entrevistas exhaustivas con pacientes de diversas nacionalidades en diversas etapas de su migración, así como con personal de MSF que trabaja a lo largo de la ruta migratoria en Panamá, Honduras, Guatemala y México.

“Estas políticas, combinadas con la drástica reducción de la ayuda y la huella humanitaria a lo largo de la ruta migratoria, han tenido un impacto devastador en el bienestar de las personas que buscan seguridad”, dijo Franking Frías, subdirector de operaciones de MSF en México y Centroamérica.

“Este sufrimiento se invisibiliza deliberadamente, se oculta tras la narrativa errónea de que la migración se ha detenido. Sin embargo, cada día vemos las consecuencias en pacientes que viven con lesiones sin tratar, traumas por violencia sexual y graves afecciones de salud mental que les imposibilitan la vida diaria”, añadió.

El informe destaca cómo las políticas y el discurso del gobierno estadounidense que criminalizan la migración han resonado en América Latina, al tiempo que MSF hace un llamado a los gobiernos en el continente a que “renuncien a las tácticas de disuasión y abandono y, en su lugar, implementen políticas humanas que garanticen el acceso al asilo, la atención médica y la protección a lo largo del corredor migratorio latinoamericano”.

Desde finales de enero, dice el reporte, el gobierno estadounidense ha cerrado las principales vías para solicitar asilo y protección -entre ellas la suspensión de la solicitud CBP One y la eliminación del parole humanitario-, ha reforzado la seguridad en la frontera con México y ha deportado a personas en condiciones abusivas, incluyendo la deportación de personas encadenadas, el envío de deportados a terceros países y la separación de familias.

“Nos sentimos abandonados y desprotegidos”, dice una mujer hondureña atrapada en Reynosa, en el norte de México. “Nunca quisimos entrar ilegalmente a Estados Unidos. Pedimos benevolencia para casos como el mío: madres que llevan mucho tiempo esperando con sus hijos, que quieren darles una vida mejor. Ya hemos pasado por un proceso; ya teníamos un derecho. Hemos sido víctimas de estafas, de los carteles, nos han engañado, estamos traumatizados”. La mujer había conseguido una cita a través de CBP One. Sin embargo, fue cerrada tres días después, el 20 de enero de 2005, y todas las citas fueron canceladas.

Conocida ahora como CBP Home, es una aplicación móvil desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Usada ahora para facilitar citas a migrantes que buscan asilo en los puertos de entrada designados en la frontera sur, la aplicación también incluye una función para “presentar intención de salida” para quienes deseen salir voluntariamente de Estados Unidos.

El informe señala que varios países del corredor migratorio latinoamericano también han reforzado las medidas de disuasión. Agentes del orden público y autoridades migratorias de la región han devuelto a la fuerza a migrantes, también han restringido la circulación de personas y desmantelado campamentos urbanos. Han cerrado estaciones de recepción migratorias, disuelto congregaciones en espacios públicos, realizado redadas, detenido arbitrariamente a personas, aumentado el patrullaje y complicado y reducido el acceso a trámites burocráticos, incluyendo los procesos de asilo.

“Estuvimos cautivos durante 60 días”, dice a MSF un hombre venezolano varado en Ciudad Juárez, en el norte de México. “(Los delincuentes) me golpearon en la cabeza, me sacaron una muela y me pusieron una pistola en la boca para tomarme fotos y llamar a uno de mis hijos en Estados Unidos. Mi hijo y mi yerno pagaron el rescate y nos liberaron. El plan era ir a Estados Unidos. El resto de mi familia está allí esperándonos. Pero con este gobierno estadounidense no sabemos qué hacer”, denuncia.

Para muchos de los migrantes, señala el informe, regresar a su país no es una opción, ya sea por falta de recursos económicos o por miedo, como las crisis políticas y económicas en Venezuela o Cuba, la violencia generalizada en Haití, el conflicto en las regiones periféricas de Colombia, o las amenazas de grupos criminales y la falta de oportunidades en Ecuador y otros países centroamericanos. “Nos dieron un ultimátum de 24 horas para pagar una cantidad de dinero que no teníamos”, dice una mujer salvadoreña en Tapachula, sur de México. “Migrar no fue una decisión política ni la búsqueda de mejores oportunidades económicas. Fue una decisión urgente para salvar nuestras vidas”.

Ante las políticas migratorias de Estados Unidos, decenas de miles de personas ven en México una alternativa. Sin embargo, los equipos de MSF han constatado cómo los procedimientos de asilo en ese país se han vuelto más largos y complejos en varias ciudades. Paralelamente, la violencia perpetrada por grupos del crimen organizado y otros actores sigue siendo alarmante, incluyendo secuestros, extorsión, robos, violencia sexual y explotación laboral.

“La violencia es mucho más evidente ahora”, afirma Ricardo Santiago, quien coordinó programas de MSF en el norte y sur de México. “Antes, dada la gran cantidad de personas en movimiento, algunos se salvaban, mientras que hoy la mayoría de las personas con las que he hablado han sido víctimas de violencia. No hay escapatoria”.

Los equipos de MSF en la región, particularmente en México, han observado un aumento en las necesidades psicológicas de los pacientes y una alta proporción de personas con problemas graves de salud mental, a pesar de la reducción de las actividades médicas a raíz de la desaceleración de los flujos migratorios. En los últimos años, muchos pacientes han tenido una necesidad evidente de apoyo en salud mental debido a la violencia recurrente sufrida y las precarias condiciones de vida que soportan a lo largo de la ruta migratoria.

“Los síntomas son cada vez más intensos”, afirma Lucía Samayoa, coordinadora del proyecto de MSF en Tapachula. “Viven bajo mucha presión y estrés. Muchas personas requieren tratamiento farmacológico, con un proceso terapéutico más estructurado y prolongado”.

Además, “los migrantes varados y los solicitantes de asilo se han dispersado, volviéndose más invisibles debido al miedo a la detención y la deportación en medio de un entorno estigmatizante, en el que se les etiqueta repetidamente como criminales”, señala el informe.

“Hoy en día los migrantes son menos accesibles y el sistema humanitario no está preparado para abordar eficazmente sus vulnerabilidades y necesidades complejas”, afirma Frías. “Detrás de cada política hay un impacto en personas reales: sobrevivientes de tortura, familias que escapan del peligro y menores que cruzan la frontera solos. Su salud, seguridad y dignidad son obligaciones legales y morales. Todos los gobiernos de la región deben actuar ahora para proteger, y no castigar, a las personas que buscan seguridad, y crear vías seguras de migración”, comenta.