La Contraloría General de la República (CGR) develó este martes una información que se tomó la jornada: a través de su noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) reveló que entre 2023 y 2024 más de 25.000 funcionarios viajaron fuera del país durante su licencia médica, derivando esto en oficios del ente fiscalizador que mandatan a las casi 800 entidades con funcionarios con permisos en la mira a que inicien sumarios y persigan responsabilidades administrativas.

Asimismo, la CGR remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para perseguir responsabilidades patrimoniales o civiles, así como también lo hizo al Ministerio Público para perseguir eventuales responsabilidades penales.

Y es que el reporte es decidor: para esos 25.078 funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a Fonasa y 31% a isapres.

La revelación se da justo cuando sólo falta la promulgación del Presidente Gabriel Boric para que la ley que refuerza la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social sobre licencias médicas entre en vigencia, aspecto acordado en la ley corta de isapres y que busca imponer mayores exigencias a los profesionales de la salud y sanciones más estrictas.

Los datos aportados por la CGR fueron obtenidos de la Policía de Investigaciones y se determinó que los titulares de esas licencias entraron o salieron del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo.

Entre las regiones con más entradas o salidas de Chile -de funcionarios que viajaron durante su periodo de licencia médica- se encuentran la Metropolitana (26.032); Arica y Parinacota (10.043); y Magallanes (5.980).

Asimismo, se identificó a las entidades con más funcionarios involucrados: la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con 2.280 licencias; Fundación Integra, con 1.934; y la Municipalidad de Arica, con 719. La pesquisa señala que las licencias son de trabajadores que provienen de las 788 entidades públicas oficiadas, de las cuales 13 concentran el 25% de todas.

Desde la Subsecretaría de Educación Parvularia, bajo la cual están Junji e Integra, dicen que esas instituciones están “comprometidas con hacer cumplir la ley y, de acuerdo con la institucionalidad y normativa vigente, perseguir las responsabilidades de quienes se vean involucrados”. Recuerdan, además, que antes de conocerse este caso han implementado estrategias para mejorar los procesos de licencias médicas.

“Me da vergüenza”, dice, por su parte, el alcalde de Arica -municipio con más involucrados- Orlando Vargas (Ind.), quien añade: “Haremos nuestras investigaciones y vamos a hacer justicia con los dineros fiscales”.

Las 13 instituciones con más licencias médicas eventualmente irregulares:

Para Valeria Céspedes -directora nacional de la Compin, entidad encargada de fiscalizar la administración de las licencias, “siempre es condenable este tipo de actitudes individuales y lo es aún más cuando se trata de funcionarios públicos”.

En ese contexto, explica que durante 2024 se inició un trabajo con algunas instituciones públicas para abordar el ausentismo y mal uso de este recurso. Este plan consideró, precisamente, a la Junji, además de las subsecretarías de Redes Asistenciales y Salud Pública.

En ese sentido, detalla que en el sector salud se están llevando a cabo más de 1.200 sumarios.

Otros datos en el análisis de la Contraloría revelan que tanto en 2023 como en 2024 los viajes se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre, y que 17,7 días fue el promedio de reposo que debían tomar las personas.

Además, se expuso que 125 funcionarios públicos registran entre 16 y 30 entradas o salidas del país mientras cursaban su licencia y que 51 registraron más de 31 entradas o salidas.

Uno de los datos más llamativos del informe tiene relación con que se detectó un funcionario del área de salud que se otorgó una licencia a sí mismo, periodo en que realizó un viaje.

¿Caso aislado?

Lo que reveló Contraloría no es nuevo. O parece no serlo, toda vez que recientemente ya han estallado otros casos similares. De hecho, se encuentra en su etapa final un juicio inédito por la venta de licencias médicas falsas. La investigación reveló que un grupo de 36 médicos emitió más de 16.000 permisos fraudulentos entre 2020 y 2022.

O por ejemplo, en el Hospital San José se descubrió que habían funcionarios que desde 2017 acumulaban hasta 1.917 días de permiso, es decir, un poco más de cinco años.

Por eso la nueva revelación del organismo no dejó indiferente a nadie.

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC), sostiene que “tienen que devolver la plata si están identificados. Esto, además de una falta administrativa, es un delito. Si toda esta plata se pudiera ahorrar, no tendríamos problemas para financiar ni las listas de espera y habríamos resuelto hace mucho rato la crisis financiera en los hospitales”.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Helia Molina (PPD), es categórica: “Me parece un acto vandálico, una estafa colectiva. Es terriblemente injusto para quienes realmente están enfermos y necesitan una licencia médica”.

Finalmente, desde la Asociación de Isapres aseveran que en los últimos años se ha visto un “aumento exponencial” de estos permisos, a la vez que han proliferado los fraudes.

En ese contexto, suman, “valoramos la acción de la Contraloría que pone de manifiesto la práctica extendida de mal utilizar este subsidio”, advirtiendo que los hallazgos también demuestran que el modelo de licencias médicas “está agotado”.