La vinculación del gobierno de Nicolás Maduro y el secuestro y homicidio del exmilitar de esa nacionalidad y disidente refugiado en Chile, Ronald Ojeda, fue remarcada por el Presidente Gabriel Boric, este miércoles, durante las actividades del Mandatario chileno en Italia.

Boric abordó el tema durante un seminario en homenaje a Bernardo Leighton y su esposa Ana María Fresno, a 50 años del atentado que sufrieron en manos de agentes de la DINA, en Roma, el 6 de octubre de 1975. El líder democratacristiano murió en enero de 1995 y Fresno en marzo de 2011 con serias secuelas por el ataque.

“En Chile tenemos el caso del asesinato de un exmilitar venezolano en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro que se robara las elecciones en su patria”, afirmó el Presidente Boric en el seminario.

De acuerdo a la indagatoria, el fiscal regional de la Fiscalía Sur, Héctor Barros, viene planteando que el secuestro y homicidio de Ojeda constituyó un crimen político que habría sido orquestado por el gobierno venezolano y ejecutado por el Tren de Aragua.

Consultado en La Moneda sobre los dichos de Boric, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que “el Presidente de la República ha dicho lo que el Estado de Chile ha mencionado con anterioridad”.

“El gobierno participa de la tesis investigativa del fiscal Barros. El secuestro y homicidio del teniente Ojeda tiene patrones completamente anormales en relación a otros hechos que han ocurrido, desde el punto de vista de la forma en que se cometió, la logística que se utilizó y los recursos que estuvieron destinados”, expuso Cordero.

El ministro sostuvo que el gobierno “participa” de la tesis del móvil político en este caso “y por lo mismo ha apoyado activamente la labor del Ministerio Público y particularmente la del fiscal Barros”.

“El Presidente ha expresado algo que desde el punto de vista legal nosotros ya hemos señalado. No hay otro móvil posible en el caso del secuestro y homicidio del teniente Ojeda, en nuestro opinión que no sea el móvil político”, enfatizó el ministro de Seguridad.

Destacando que la tesis de Barros “está sólidamente documentada”, Cordero recordó que el canciller, Alberto van Klaveren, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, aportaron antecedentes en la Corte Penal Internacional en relación a este caso para “que sirvan de sustento a la investigación” que se desarrolla sobre la situación en Venezuela.

“Sobre este punto el gobierno ha tenido siempre una sola posición y en consecuencia creo que además lo hace el Presidente en el contexto de los 50 años del atentado contra Bernardo Leighton. Chile y sus dirigentes han sido víctimas del terrorismo de Estado ocurrido fuera de la frontera y me parece un recordatorio adecuado que el Presidente hace hoy día. Y creo que es muy evidente la creencia del Presidente en materia de derechos humanos”, destacó el secretario de Estado.