Ex directores del Sename advierten problemas para financiar medidas

"Asumo como lógico que el gobierno pensó que esto supone mucho recurso adicional. Ni siquiera me planteo que lo evalúan sin dinero", señaló Delia del Gatto, ex directora del Sename, luego de analizar la versión final del reglamento elaborado por Salud con el objetivo de regir el funcionamientos de las residencias del servicio.

La propuesta, que se encuentra a la espera de su etapa de consulta pública, contempla una serie de modificaciones al sistema de protección de niños, niñas y adolescentes (NNA), como la reducción de menores por residencia y el aumento del número de funcionarios profesionales y técnicos.

Para Del Gatto, quien liderara la institución durante la presidencia de Ricardo Lagos, la propuesta apunta al camino indicado; no obstante, advierte la falta de discusión con los organismos colaboradores de la sociedad civil.

"Me parece genial esta propuesta. El problema radica en qué está pasando al otro lado. Cuánto nos cuesta pasar desde un educador por cada diez niños a uno cada tres. Ese feedback se lo dan al gobierno las instituciones privadas. Hay un diálogo que falta", enfatizó la actual gerenta general de la Fundación Mi Casa, organismo colaborador a cargo de cinco residencias, quien asegura que las instituciones no fueron consultadas para la elaboración de este reglamento.

En este sentido, Del Gatto manifestó que no se puede seguir avanzando en este tipo de ideas "si no tienes un diálogo con las instituciones que están ejecutando actualmente o con las universidades que tienen opinión técnica. Hay un conjunto de actores que no son gobierno que podrían opinar".

Para Francisco Estrada, quien dirigió el Sename en el inicio del primer mandato del presidente electo, Sebastián Piñera, se trata de "un texto ambicioso", aunque advierte que este posee "poco cuidado para conseguir con los medios actuales los fines que declara buscar el reglamento".

En este sentido, consideró que la inyección de recursos que significan estas adecuaciones "no parece haber sido considerada".

"El estudio del Hogar de Cristo, de donde evidentemente se tomaron muchas de las buenas ideas, estimaba un valor de ocho a diez veces el valor actual de la subvención solo para un muy definido perfil. Aquí, en cambio, se pretende regular el sistema residencial en general con toda la heterogeneidad de sujetos atendidos", expresó.

Según Estrada, el texto, además, no enfrenta algunos de los principales nudos críticos del sistema, al poseer problemas de definición de los sujetos, de coordinación entre los hogares y con los programas, así como carecer de un sistema serio y técnico de supervisión. Junto a ello, continúa, se ignora "la precaria condición laboral de los funcionarios tanto públicos -la inmensa mayoría a contrata- como los de las instituciones colaboradoras".

En tanto, el abogado y actual director ejecutivo de Corporación Infajus cree que gran parte de las residencias hoy establecidas no podrían cumplir con la normativa en el corto plazo. "Con los estándares aquí establecidos, quizá un centro administrado por el Sename lograría acreditarse, pero la inmensa mayoría no pasa ni siquiera en cuatro años el test de idoneidad que aquí se impone", expresó.

Para Teresa Izquierdo, coordinadora de la Mesa Técnica de Residencias, instancia que une a 17 fundaciones a cargo de un tercio del sistema, el reglamento propone "la residencia imaginaria". En la actualidad, explica, la subvención por menor es de $ 290 mil pesos. Para concretar esta propuesta, estima, el monto debería ser cercano a los tres millones de pesos.

"Todos aspiramos a eso. Pero no puede el gobierno decir a lo que aspira sin dar el presupuesto. Hoy los educadores ganan en promedio un 16% más que el sueldo mínimo. No nos da para contratar educadoras profesionales", señaló, en tanto agrega que también se requeriría dinero para "indemnización", así como para "abrir muchas residencias más".

Izquierdo enfatiza que no está en contra de la propuesta. Y enfatiza: "Maravilloso que esto pudiera ser, es el anhelo. Sentimos mucha impotencia de no poder lograrlo". Sin embargo, cuestiona el tipo de normativa escogida para materializar este avance.

"Un reglamento es una exigencia, y no se hace cargo de que estamos muy lejos de eso. Se pretende llegar a doce niños por residencia y no se hace cargo de decir con qué plata, con qué estrategia y con qué orientaciones llegamos a que las residencia alcancen este nivel", indicó.