El cierre formal de Punta Peuco, cárcel donde cumplen condena militares en retiro y exagentes del Estado por violaciones a los derechos humanos en dictadura, nunca estuvo en las prioridades del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La explicación era que los índices de ocupación de los penales a nivel nacional, que sobrepasa el 143%, hacían imposible y poco responsable avanzar en esa línea. Por lo mismo, desde que el abogado Luis Cordero llegó a la cabeza del Ministerio de Justicia se comenzó a evaluar la opción de readecuar las instalaciones ubicadas en Tiltil para así albergar población penal común. O sea, para que Punta Peuco deje de ser un recinto especial y se convierta en un establecimiento penitenciario como cualquier otro.

“Atendida la situación de sobrepoblación que actualmente enfrentan los establecimientos penitenciarios en todo el país, en concepto de esta administración no aparece como conveniente impulsar medidas que impliquen el cierre de establecimientos o el traslado masivo de personas privadas de libertad entre distintos recintos penales”, manifestó Cordero a mediados de 2024.

Por esa misma época, diputados oficialistas solicitaban que el recinto pudiese albergar a mujeres embarazadas privadas de libertad, aunque la idea tampoco cuajó en La Moneda. Una de las principales razones era que en la zona hay escasez de agua. Tanto así que, de hecho, cuando se pensaba ampliar el penal Santiago 1 se evaluó utilizar el predio en el que se emplaza Punta Peuco. Pero aunque esa opción se descartó, los estudios para contar con un mayor suministro de agua continuaron.

Y si bien a la fecha no hay solución para ese problema, las autoridades del Ministerio de Justicia y Gendarmería trabajan desde hace varios meses para concretar la modificación. Todo se aceleró cuando el Presidente Boric decidió incluirlo dentro de su plan para su último año en La Moneda, anunciando la reconversión de este penal de Titil en la cuenta pública.

La apuesta es que en enero se encuentre operativa al menos una primera fase del proyecto, considerando inicialmente -según fuentes consultadas por este medio- la habilitación de cerca de 30 plazas para condenados por delitos comunes.

Según fuentes de gobierno la idea es que ingresen a las dependencias adultos mayores condenados y de bajo compromiso delictual, quienes incluso podrían compartir celda con los actuales residentes del penal, pues efectuados los traslados tendrá lugar un proceso general de clasificación y segmentación.

Para ello, eso sí, se requiere que previamente Contraloría despache el decreto supremo que oficializa la readecuación y que fue enviado a toma de razón a inicios de julio por el Ejecutivo. Este documento clave sigue en fase de estudio en el organismo encabezado por Dorothy Pérez.

Los proyectos

Aunque aún hay trámites administrativos pendientes, Gendarmería ya comenzó con trabajos para ajustar las instalaciones a la nueva realidad.

Hace varias semanas se realizó una visita inspectiva a las dependencias para verificar los insumos con los que cuentan los reos actualmente, pues hay varios objetos que tendrán que ser retirados por los funcionarios.

Al pasar a ser una cárcel común, los privilegios con los que contaban los internos tendrán que ser eliminados, ajustándose al régimen común. Según los catastros, tienen 73 televisores, 29 electrodomésticos entre hornos hervidores y microondas, 75 colchones particulares, 74 calefactores, 10 lavadoras y/o secadoras y 105 refrigeradores.

Igualmente, se impedirá que los internos reciban a sus visitas en los patios de sus módulos y que ingresen, como hoy, por el sector de la guardia interna. Para ello se construirá, donde hoy está una de las canchas de tenis, un sector especial para que los reos reciban a sus familiares. Se tratará de un galpón modular de 360 metros cuadrados.

De la misma forma, se está licitando un nuevo sistema electrónico de seguridad por alrededor de $260.000.000.

En la zona, además, se planea instalar un contenedor modular que funcionará como extensión de la oficina del área técnica de Gendarmería.

Igualmente, dado que ahora las dependencias tendrán que albergar nuevos reclusos -lo que incluye también la construcción de nuevas celdas-, se trabaja en la modernización del sistema eléctrico, dado que el actual ya lleva años funcionando y estaría sobrecargado.

Consultados sobre las adecuaciones en curso, desde Gendarmería declinaron hacer comentarios.