El vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, junto al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, encabezaron, la mañana de este miércoles, la ceremonia de promulgación de la ley que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada.

La iniciativa es parte de las acciones impulsadas por el gobierno del Presidente Gabriel Boric en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.

En la ceremonia, en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, participaron también la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.

Elizalde, destacó que esta promulgación constituye “un paso que honra la historia de quienes fueron víctimas de uno de los crímenes más atroces de la historia chilena".

“Este reconocimiento no es solo un acto jurídico, es ante todo un acto moral y político. Una declaración del Estado de Chile de que la búsqueda de la verdad y el derecho de las familias a saber no prescriben”, manifestó.

El ministro Gajardo, en tanto, hizo un reconocimiento a los familiares de las víctimas, planteando que “no solo han sufrido por la desaparición de sus seres queridos, sino que además la inexistencia de tal calificación oficial les ha dificultado hacer diversos trámites durante muchos años”.

Gaby Rivera, por su parte, resaltó que la ley es fruto “un trabajo y una lucha de muchos, muchos años”.

“Y con eso nos quedamos, esa lucha vamos a seguir haciéndola, vamos a seguir dando la pelea, porque tenemos un compromiso hasta encontrarlos, porque a todos y todas nos hacen falta los detenidos desaparecidos”, expresó.

Una ley enmarcada en compromisos internacionales

La norma promulgada establece la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada, reconociendo de manera expresa a las víctimas de desaparición forzada entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo de 1990.

El registro considerará la información contenida en los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación, de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos Ejecutados Políticos y Víctimas de la Prisión Política y Tortura.

El proyecto se originó en una moción parlamentaria y su priorización formó parte de la agenda legislativa del gobierno en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

El cuerpo legal crea una nueva categoría jurídica que permite al Estado reconocer oficialmente a las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas sin entrega de restos, como víctimas de desaparición forzada.

La norma mandata al Servicio de Registro Civil e Identificación la creación y mantención de un Registro Especial de Personas Ausentes por Desaparición Forzada.

Asimismo, faculta la emisión de certificados gratuitos que acrediten esta calidad, constituyendo un acto de reparación simbólica.

La ley se enmarca también en los compromisos internacionales asumidos por Chile, incluyendo los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales I, II y III, ratificados en 1991 y 2009, respectivamente.

“Esta iniciativa también representa el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos incluyendo los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Pero más allá de lo que dictan los tratados, esta ley refleja una convicción profunda: no puede haber democracia plena sin memoria, sin justicia, y sin reparación”, recalcó el vicepresidente Elizalde.