A un año y poco más de seis meses del megaincendio que arrasó con 4.609 viviendas en la Región de Valparaíso, la reconstrucción avanza a un ritmo que el Instituto Libertad -ligado a Renovación Nacional- califica de “preocupantemente lento”. Un informe de la entidad sostiene que, a la fecha, solo 114 casas se han terminado y 876 se encuentran en ejecución, mientras que 2.680 permanecen rezagadas.

Según el análisis, la lentitud no responde a una falta de recursos: el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios (Ley N° 21.681), aprobado en julio de 2024, destinó hasta $800 mil millones para atender la catástrofe. A 2025, el fondo destinó un presupuesto vigente de $57.032 millones, pero a la fecha solo se han ejecutado $8.339 millones, es decir, se ha gastado un 14,6% del presupuesto anual.

El informe revela que de las 4.609 viviendas dañadas, solo 3.670 fueron consideradas hábiles para recibir subsidio habitacional, dejando a 939 familias inhábiles. Además, 922 familias siguen rezagadas sin nominación para subsidios, pese a cumplir con las condiciones. En total, más de 1.800 hogares permanecen sin camino claro hacia una solución.

Para el Instituto Libertad, el problema no es financiero ni legal, sino de conducción política. “Son demasiados errores, malas decisiones y una gestión técnica deficiente, tanto a nivel central como regional”, afirma el director ejecutivo, Luis Pardo.

Uno de los principales reparos apunta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que según el documento, aplicó criterios burocráticos propios de tiempos normales.

“Las familias que lo perdieron todo no pueden ser tratadas como postulantes habituales a un subsidio, sino que se deben gestionar las ayudas con mayor celeridad. Por ejemplo, en caso de copropietarios de un inmueble, si hay uno que tiene una segunda vivienda retrasa la entrega de subsidios para el resto (muchos damnificados tienen una segunda vivienda, pero de bajo valor)“, plantea Pardo.

En ese contexto, según el instituto, el mecanismo habría permitido solucionar el problema de los “cuatripareos” y avanzar más rápido en barrios completos arrasados por el fuego.

Consultados al respecto, desde el Minvu, donde han diversificado las soluciones habitacionales no solo con construcciones desde cero, sino con subsidios o incluso construcción autoasistida, explican que se consideran “familias hábiles” aquellas que cumplen con los requisitos legales del D. S. N° 332: ser propietario u ocupante de una vivienda con daño catastrado y no tener otra propiedad habitable.

“Este proceso incorporó un hecho inédito: la resolución 332 permite entregar subsidios incluso a familias con hasta dos viviendas, si cumplen condiciones especiales como ser adulto mayor, estar en situación de discapacidad o pertenecer al 60% más vulnerable”, señalan desde la cartera.

Agregan también que con los 2.748 subsidios nominados ya se ha alcanzado al 97% de las familias hábiles en poblaciones consolidadas, quedando 89 casos pendientes por trámites legales o situaciones particulares, mientras que en el caso de las 765 familias afectadas en campamentos, la estrategia apunta a procesos de radicación o relocalización, con planes definidos en Manuel Bustos, Monte Sinaí, Villa El Dorado y Villa Independencia, en Viña del Mar.

Además, y en línea con lo que dice el instituto, según el último reporte oficial del Minvu, de las 2.306 familias vinculadas al proceso de construcción, 876 viviendas ya están en ejecución, 114 terminadas y 91 entregadas.

El informe recuerda que en emergencias anteriores, como la erupción de Chaitén en 2008, se implementaron mecanismos excepcionales, incluyendo expropiaciones de terrenos al valor previo de la catástrofe, lo que permitió avanzar con rapidez en barrios completos.

Falta de coordinación

Otro punto crítico que analiza el estudio es la falta de coordinación entre municipios y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). El documento ahonda en que las alcaldías de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, junto al Serviu regional, no entregaron información clara ni oportuna a los damnificados, generando contradicciones y retrasos.

Y es que, según el documento, se detectaron 829 casas inscritas a nombre del Serviu y no de sus propietarios. Además, se apunta a demoras en demoliciones y en la vinculación de familias a proyectos: 332 hogares hábiles siguen sin ser vinculados a soluciones habitacionales.

“Hubo una falta de experiencia y aptitud de los tres municipios para acompañar el proceso desde el principio”, critica Pardo.

De no cambiar el ritmo, el instituto advierte que los fondos asignados podrían expirar sin ejecutarse en 2026, trasladando el problema al próximo gobierno. “Al ritmo actual, la mayoría de las familias pasará un tercer invierno sin soluciones. Se prometió una reconstrucción con dignidad, pero la realidad es otra”, acusa Pardo.

Por lo mismo, el director ejecutivo entregó algunas medidas para acelerar el proceso: “Recomendamos legislar sobre la base de la Ley Chaitén para facultar al Estado a expropiar terrenos con un mecanismo reglado de recompra para los que quieran reconstruir en el mismo lugar. También es necesario modificar el Decreto Supremo 322 para eliminar requisitos de vulnerabilidad económica, evitando exclusiones muy injustificadas en un contexto de catástrofe".

Asimismo, aconseja extender la vigencia de la Ley 21.681 más allá de 2026, para asegurar que los recursos disponibles se utilicen plenamente.