La decisión no se tomó de un día para otro. Mientras aún se desarrollaban las reuniones de la primera etapa de la consulta indígena en la Macrozona Sur, en el equipo de la Unidad de Seguimiento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento ya se evaluaba si el proceso podía sostenerse. Y así, a mitad de camino, se optó por no cancelarlo ni suspenderlo de inmediato, sino frenar la segunda tanda de encuentros, para antes de ello realizar un balance.

El punto final de esa primera etapa llegó el 25 de septiembre en Curarrehue, donde se efectuó la última reunión. Allí, tras un análisis interno, se concluyó que era necesario suspender administrativamente la consulta para mantener el diálogo abierto, pero sin la presión que implicaba un mecanismo que muchas comunidades no terminan de comprender ni aceptar.

Fue así como el gobierno comunicó la noche del lunes 29 de septiembre, en un escrito conjunto de la Subsecretaría del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social, la “suspensión momentánea” de la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras.

Según el texto, la medida se ampara en el reglamento del Decreto Supremo 66 de 2014, que en su artículo 18 dice que si durante el proceso de consulta se produjeran actos o hechos ajenos a las partes que impidan la realización del procedimiento en su continuidad normal, “podrá suspenderse este por el tiempo estrictamente necesario para superar esos obstáculos”. Así, “el órgano responsable deberá comunicar con antelación esa suspensión a los pueblos indígenas afectados, explicando las razones fundadas que la motivan, así como señalando el momento de reanudación del proceso”.

Con eso a la vista, con esta suspensión La Moneda busca dar paso a diálogos más flexibles. Pero en el gobierno internamente también reconocen que pesaron otras razones: la desconfianza de las comunidades, la falta de información clara en los destinatarios, el temor a que el proceso se percibiera como una imposición “desde arriba” y, ahora último, la tensión electoral.

El factor elecciones, de hecho, fue una advertencia que en Palacio ya habían recibido desde diversos sectores y no se tomó en cuenta. Incluso, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, había dicho en estas páginas que “no acomodamos los tiempos de diálogo a calendarios electorales”. Pero hoy la decisión apunta en otra vía.

La consulta, iniciada el 13 de agosto en Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, era la principal apuesta del Ejecutivo y el Presidente Gabriel Boric para implementar las recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que tras dos años de trabajo y $1.558 millones de gasto propuso crear una Agencia de Reparación de Tierras y un tribunal administrativo de integración mixta.

Sin embargo, desde sus primeras semanas acumuló tropiezos. Por ejemplo, en Melipeuco y Cunco se suspendieron encuentros tras protestas de comunidades; en Purén, dirigentes irrumpieron acusando al senador Francisco Huenchumilla de “politizar” el proceso, y en Coñaripe se criticó que la propuesta redujera la tierra a “una mercancía”.

Continuar bajo ese contexto era inviable, asumen en el Ejecutivo. Quienes conocen del proceso admiten que lo que se buscó fue “quitar la presión de la consulta formal” y abrir un espacio de revisión y revinculación con las comunidades.

En esa línea, el encargado de la Unidad de Seguimiento, Fabián Salas, precisa que no se trata de un fracaso, sino de una pausa estratégica: “Lo asumimos como un proceso de Estado. Lo que necesitamos es mantener abierto el diálogo, con flexibilidad y autocrítica, para entregar al próximo gobierno una base de entendimiento”.

Aunque reglamentariamente la suspensión se fija por 15 días renovables, en la práctica se extenderá al menos hasta después de noviembre, una vez transcurridas las elecciones parlamentarias y al menos la primera vuelta presidencial. ¿La razón? Desde el gobierno evaluaron que ese periodo no ayuda en el proceso, pues genera más desconfianza y escapa del diálogo con las comunidades.

Reacción parlamentaria

El anuncio generó inmediatas reacciones desde el mundo político. El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) lo interpretó como una derrota: “La suspensión demuestra el fracaso total del Presidente Gabriel Boric respecto de la política indígena. No derrotó al terrorismo ni avanzó en reconocimiento. El Plan Buen Vivir tampoco existió”.

Con un tono más cauto, el senador Huenchumilla (DC), quien además fue uno de los integrantes de la Comisión para la Paz, señaló que la suspensión es “solo un traspié”, comprensible en medio de un periodo electoral.

En contraste, la senadora y ex comisionada Carmen Gloria Aravena defendió la pausa: “Era el peor momento, en pleno proceso electoral. La pausa es necesaria desde el punto de vista metodológico. Hay que compatibilizar la norma con un lenguaje cercano, y eso requiere tiempo”.

Una zona que ella conoce bien, y que según sostiene en conversación con La Tercera se ha vuelto especialmente compleja por el clima electoral y el aumento de la violencia rural. “Los ánimos están crispados porque las elecciones generan promesas radicales de algunos sectores de derecha que hablan de derogar la ley indígena o eliminar comunidades, lo que provoca temor en las bases”, advierte.

A esto se suma, dice, una seguidilla de atentados en la zona, lo que obliga a las autoridades a redoblar la coordinación en seguridad. Según la parlamentaria, estas tensiones explican por qué hoy no existían condiciones para avanzar en un proceso de consulta indígena y refuerzan la necesidad de la pausa anunciada por el gobierno.

El diputado por el Biobío Eric Aedo (DC) sostiene que “no es sorpresa”, apuntando a que el proceso se intentó forzar: “A veces el voluntarismo le gana a la realidad de un conflicto centenario. Además, hay fuerzas que operan para que esto fracase, vinculadas al crimen organizado. Es difícil llevar adelante una consulta indígena cuando el Estado no logra operar en territorios como Temucuicui”.

El diputado representante de La Araucanía Miguel Mellado (ind. ex-RN) es más duro: “El gobierno partió al revés. Nunca habló con las comunidades, todo se hizo desde arriba. Este es un fracaso anunciado. En cuatro años no cumplieron nada”.

Pero en el Ejecutivo insisten puertas adentro en que la medida no significa el fin del proceso. Según el diagnóstico de la propia Comisión Presidencial, cada restitución de tierras demora entre 20 y 25 años, y con la actual carga una comunidad hoy podría esperar hasta 162 años para obtener respuesta.

Por eso la apuesta es dejar un proceso encaminado para más allá del 11 de marzo de 2026. El objetivo es entregar un informe con los avances, dificultades y aprendizajes recogidos en estos meses, además de las propuestas de las propias comunidades, de modo que el próximo gobierno no deba partir desde cero. “La demanda mapuche es un asunto de Estado, no de gobierno”, recalcaron desde la Unidad de Seguimiento.