UN GRUPO de diputados opositores ha iniciado una acusación constitucional contra el ministro de Educación, quien, señalan, habría "infringido la Constitución y dejado sin ejecución las leyes". Se trata de una acción que, a la luz de los hechos, no parece tener sustento jurídico ni de fondo y que, al mismo tiempo, parece muy arriesgada desde el punto de vista político, pues puede terminar generando divisiones al interior de la Concertación y exponiendo a su más probable candidata.

Los acusadores sostienen que el ministro faltó a su obligación de respetar el principio de probidad al no ejercer las facultades fiscalizadoras que tiene su cartera, y al actuar de manera supuestamente tardía en el caso de la Universidad del Mar y en la dictación de algunos reglamentos relativos a la educación superior. También afirman que el secretario de Estado no ha cumplido las obligaciones que le impone el cargo, especialmente en lo referido a fiscalizar que las instituciones universitarias no persigan fines de lucro. Por último, dicen que tampoco ha ejercido un control jerárquico adecuado sobre los órganos que de él dependen y que tienen que ver con hacer cumplir la prohibición del lucro en las universidades.

Resulta paradójico que la acusación tenga como destinatario al ministro que más ha hecho en el ámbito de la fiscalización del lucro en las últimas décadas. A través  de  proyectos  de  ley como el que crea la Superintendencia de Educación Superior, el tratamiento al caso de la Universidad del Mar y de otras, o las medidas tomadas en torno a las irregularidades detectadas en la Comisión Nacional de Educación, el actual ministro ha desplegado una activa labor en torno al tema. El dinamismo que ha exhibido cobra mayor brillo cuando se le contrasta con la ausencia de iniciativa en este ámbito durante los gobiernos de la Concertación, lo que sugiere que la principal motivación del libelo se origina en una intencionalidad puramente político-electoral, tal como ha denunciado el gobierno. En este sentido, la acusación puede tener como consecuencia que los cuestionamientos se desplacen hacia el análisis de la gestión de la más probable candidata de la oposición, bajo cuyo gobierno estallaron por primera vez las manifestaciones estudiantiles. La cuidada estrategia de retorno que ha diseñado la ex Presidenta puede verse amenazada por este asunto.

El gobierno se encamina hacia el final de su mandato con una economía en fuerte crecimiento y una caída en el desempleo y los índices de delincuencia. El único elemento que amenaza con ensombrecer el horizonte político en el corto plazo es el anuncio de que los estudiantes universitarios relanzarán en abril -al mismo tiempo que el Congreso discuta la acusación constitucional- las marchas y manifestaciones. El ánimo por mostrarse en sintonía con un movimiento cuya causa despertó el apoyo de la opinión pública en  el  pasado puede  haber  estado  presente en el cálculo político de los diputados que promueven la remoción del titular de Educación. Sin embargo, el efecto más visible hasta el momento es la división que ha generado la acusación constitucional en las filas opositoras, al punto que dos de sus candidatos presidenciales han señalado que no comparten sus fundamentos, al igual que algunos parlamentarios, incluido el timonel del PPD. Por el contrario, en el oficialismo todos se han puesto detrás de la defensa del ministro. Esta realidad hace sumamente incierto el destino del libelo.