La investigación por supuestas acreditaciones irregulares de planteles universitarios, por parte del ex presidente (s) de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, estaría pronto a llegar a su fin. Esto, luego de que ayer el Octavo Juzgado de Garantía ordenara el cierre de la causa por presunta corrupción en el organismo encargado de verificar y promover la calidad de la educación superior.

La resolución del tribunal se adoptó a petición de la defensa de Angel Maulén, ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia. De este modo, la Fiscalía de Alta Complejidad tendrá un plazo de 10 días para presentar una acusación, en que debe solicitar penas de cárcel y multas para los imputados en el caso.

La indagatoria de la fiscalía comenzó en 2012, cuando Eugenio Díaz fue formalizado por los delitos de corrupción, lavado de dinero y fraude tributario. En aquella ocasión también fue formalizado Angel Maulén, junto al ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga. Ambos directivos fueron imputados por soborno y lavado de activos. Un cuarto imputado en el caso fue la ex máxima autoridad de la U. SEK, José Schröder, a quien se le imputó el delito de soborno.

El principal argumento que esbozó la defensa de Maulén para solicitar el cierre de la causa, fue que el plazo de investigación se encontraba agotado. Tras acoger esta petición, la fiscalía comunicó el cierre de un proceso que se prolongó por casi cuatro años.

Previo a tomar esta decisión, el Ministerio Público se encontraba realizando intensas negociaciones con las defensas de los ex directivos para llegar a un juicio abreviado, en el cual los imputados deben reconocer los hechos, pero no su responsabilidad en los delitos.

El motivo detrás de las tratativas de la fiscalía radica en los cambios que sufrió la ley que sanciona el delito de lavado de activos.

Si bien en diciembre de 2014 el Ministerio Público acusó a los imputados y pidió penas de hasta 12 años de cárcel para Díaz -y cerca de siete años para dos de los ex rectores acusados-, la modificación legal benefició a los ex directivos y, de ser condenados, aplicará penas que les permitirían cumplir su pena en libertad.

“Las diligencias que solicitó la defensa no varían la calificación que la fiscalía hizo de los primeros hechos. Lo que sí ha cambiado, y es una modificación sustancial, es que en este tiempo intermedio se dictó la nueva Ley de Lavado de Dinero que redujo sustancialmente la pena para éste, que tiene como delito base el cohecho o soborno”, explicó el fiscal Gajardo, en entrevista con radio Valentín Letelier.

El persecutor agregó que “las penas que pidió la fiscalía en su momento a raíz de este cambio en normativa legal serán sustancialmente menores. Respecto del lavado de dinero la pena era de carácter efectivo y con la modificación va a ser inferior y no privativa de libertad”.

Para el abogado querellante Enrique Aldunate, “lo más probable, viendo la operatividad del sistema, es que en estas condiciones y al no tener antecedentes penales anteriores, los imputados puedan acceder a una pena sustitutiva”.

Uno de los puntos que no sufriría variaciones, según fuentes del Ministerio Público, son las multas que arriesgan los imputados. Así, la fiscalía pide una multa de $ 190 millones para Luis Eugenio Díaz, por las supuestas irregularidades en la acreditación de las U. del Mar, Pedro de Valdivia y SEK. En tanto, Maulén y Zúñiga arriesgan, cada uno, multas cercanas a los $ 100 millones por cohecho y a $ 43 millones por lavado de activos.

Juan Carlos Manríquez, defensor del ex rector Héctor Zúñiga, aseguró “que todavía teníamos algunas alternativas de conversación abiertas con el Ministerio Público” a fin de llegar a un juicio abreviado. Pese a que la fiscalía presentará una nueva acusación, aún existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con las defensas de los imputados para llegar a una salida alternativa al juicio oral, la cual deberá concretarse antes de la preparación de un juicio que se ha prolongado por cerca de cuatro años.