EL GOBIERNO ha anunciado que en junio hará por primera vez pública una evaluación sustantiva de 272 programas sociales (el 80% del total). El estudio permitirá conocer exactamente el gasto fiscal que ellos demandan, qué tan eficaces son en la consecución de las metas de las políticas públicas y qué tan eficiente es la administración de los recursos asignados a los programas. Se trata de una evaluación relevante y necesaria para transparentar el impacto real que producen dichos programas sociales y los recursos fiscales que se invierten en ellos, en especial si se considera que el presupuesto 2011 destinó US$ 35.600 millones para gasto social, de los cuales un 43% va a cubrir la red de protección del Estado.

La medida, que aparece como un ejercicio propio del análisis, seguimiento y desarrollo de cualquier proyecto, representa, sin embargo, un cambio radical para la administración pública. Permitirá disponer de información actualizada y, al aplicar a cada evaluación una metodología de monitoreo, como anuncia la autoridad, será posible adoptar  oportunamente las medidas  correctivas, hacer mediciones y ejecutar adecuadamente los recursos, lo que facilitará focalizar la acción del gobierno en aquellos sectores más vulnerables que más requieren de ayuda, evitando filtraciones. En esta tarea jugará un papel destacado el Banco Integrado de Programas Sociales, un nuevo ente que deberá reunir toda la información para facilitar la coherencia y coordinación de los programas.
De aplicarse correctamente, la evaluación y las nuevas herramientas que serán puestas a disposición del Ejecutivo permitirán calificar y cuantificar el desarrollo de los programas, facilitando tomar resoluciones más oportunas y hacer una gestión más eficaz.

Es deber de la autoridad ir en ayuda de los más necesitados, así como de cuidar que los recursos que financian dicha ayuda sean bien gastados.