A partir del próximo sábado,  13 Cortes del país (Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca, Chillán, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas) comenzarán a operar bajo la Ley 20.886, la cual establece la tramitación digital para una serie de diligencias que actualmente se llevan a cabo de manera material. O sea, en papel. En las otras jurisdicciones comenzará a regir el 18 de diciembre.

Con esta innovación, todos los ingresos de demandas y escritos, además de resoluciones y actuaciones del tribunal, deberán ser informados en formato digital, en un proceso que según el Poder Judicial mejorará y facilitará el acceso  la justicia y también será un beneficio para el medio ambiente, en pos de disminuir los costos de litigación.

¿Cómo funciona?

Según informó el Poder Judicial, los jueces podrán ingresar las demandas y escritos a un formato digital utilizando la firma electrónica avanzada, incluyendo también a los secretarios, jefes de unidad  y auxiliares de la administración de justicia.

Los usuarios, en tanto,  estarán obligados a utilizar la tecnología para acceder a los expedientes que actualmente sólo existen en formato impreso. Para ello, deberán visitar el sitio web del Poder Judicial y acceder así a la Oficina Judicial Virtual,  usando la Clave Unica que otorga el Registro Civil, de modo de poder ingresar a la tramitación digital de causas.

Este proceso espera reducir el número de  presentaciones materiales, las cuales  sólo serán aceptadas en casos excepcionales. Si bien la tramitación digital es un proceso que es valorado por los expertos, hay quienes advierten que la implementación de este sistema no ha estado libre de problemas.

Al respecto, Marco Fandiño, coordinador de Proyectos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja), dijo que "en los últimos años se ha producido un aumento exponencial de la incorporación de la tecnología en la administración de justicia. A pesar de ello, desde CEJA hemos detectado que en muchos países la incorporación de las TICs (Tecnologías de la Información) se realiza sin analizar previamente cuáles son exactamente los procesos de trabajo que se busca potenciar y fortalecer".

Además, agregó que "en muchos casos las TICs se implementan de forma improvisada, con el único objetivo de modernizar 'porque sí' o 'porque corresponde'".

Desde el Colegio de Abogados indicaron que este es un proceso que tarde o temprano tenía que ocurrir en el Poder Judicial. El presidente de la instancia, Arturo Alessandri, dijo que "es una iniciativa que no tiene vuelta atrás. Hay que tomarla en términos positivos y constructivos. Por ello, como Colegio de Abogados, queremos transmitir que es necesario subirse arriba de la ola y adaptarse a los nuevos tiempos".

Sin embargo, el abogado sostuvo que el cambio no estará exento de problemas. Algunos ya han sido acogidos por el organismo y tienen relación con el uso de la firma electrónica avanzada para el caso de los abogados y las eventuales complicaciones con las firmas de los clientes.

El  vocero de la  Corte Suprema, Lamberto Cisternas, hizo un llamado a los litigantes "más tradicionales" a sumarse a la batería de cambios que comenzará a ejecutar la repartición estatal: "Tenemos que adecuarnos a los tiempos y, claro, si uno vive en una localidad relativamente pequeña es bueno ir a pagar los servicios directamente a la compañía correspondiente, pero  no cabe duda que también es bueno que la justicia lo haga de la nueva manera y los colegas, fundamentalmente ellos, tendrán que habituarse a este sistema", señaló.