Rodnie Galleani Villegas, de 23 años, fue el último interno que murió en la cárcel de Alta Seguridad de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá. Su deceso se produjo en septiembre pasado, en medio de una riña, aparentemente producto de un allanamiento sorpresivo que permitió frustrar un intento de fuga e incautar diversas especies, entre ellas arañas para trepar, cuerdas, estoques y teléfonos celulares.

A diferencia de Rodnie, cuyo deceso se aclaró tras la confesión del autor del ilícito, existen otros nueve casos de muertes en el recinto, desde 2015 a la fecha, que continúan en investigación.

La materia tiene en alerta al Ministerio Público, al punto de que se ordenó una fiscalización, con autorización del Tribunal de Garantía de Iquique, para elaborar un informe especial que está siendo preparado por la Brigada de Homicidios de Iquique y el Laboratorio de Criminalística de Santiago, ambos de la PDI.

La fiscal jefe de Alto Hospicio, Virginia Aravena, señaló que "hay aspectos comunes en estos decesos: la mayoría se registra en los patios del centro y durante los desencierros. Aunque, eventualmente, debiera haber muchos testigos, sabemos que no contaremos con ellos producto de la misma cultura carcelaria".

Agregó que "además, no se cuenta con informes de los hechos ni tampoco imágenes. Ante este escenario, revisamos el estado de las cámaras de seguridad del penal y encontramos algunas circunstancias de interés".

De acuerdo a la persecutora, existen en esta cárcel de alta seguridad 495 cámaras que fueron instaladas hace más de 10 años, la mayoría con una aparente falta de mantención, y 16 de ellas graban de manera continua.

"Las cámaras que tienen mejor resolución están instaladas en los pasillos por donde sólo transita personal de Gendarmería, pero para la población penal hay una cámara por patio, que tiene una rotación manual y es absolutamente insuficiente para la cantidad de internos. Ellos saben cuáles son los puntos ciegos, por lo tanto, las riñas y los crímenes en su mayoría se han registrado en esas áreas", indicó.

Aravena también dijo que "además de la baja cantidad de cámaras de seguridad, estas no graban de manera continua, sino a petición de los gendarmes. Por ejemplo, si ocurre una riña y se detecta el hecho, un funcionario alerta a la central de cámaras interna, que enfoca el aparato, y esta avisa a la central externa, siendo esa última la que graba. Se pierde tiempo, por lo tanto, carecemos de medios probatorios para acreditar los delitos".

La fiscal añadió que "el sistema de cámaras es arcaico y hemos expuesto nuestra preocupación, pero se aduce que la cárcel es concesionada y que no se puede modificar el sistema".

Según el subcomisario Rodrigo López, del equipo investigador de la BH, "los internos saben y conocen cada una de las deficiencias que tiene el sistema de seguridad, pues sólo 16 de los aparatos graban de manera simultánea, es decir, podrían atacar hasta un gendarme y este no alcanzaría a dar aviso para que funcionen las cámaras y captar las imágenes. A ello agregamos que no existen estos aparatos de seguridad en comedores, talleres y otras áreas donde pueden ocurrir incidentes".

Sobre estas apreciaciones, el director regional de Gendarmería, coronel Sergio Castillo, aseguró que "los homicidios registrados están siendo investigados por la fiscalía y el sistema de seguridad, junto a su funcionamiento, forman parte de un área reservada de la institución".

En la visita que ejecutan los miembros del Poder Judicial a los recintos penitenciarios, el informe del primer semestre de 2016 destaca el buen funcionamiento del penal de Alto Hospicio, que alberga a más de 2.100 internos, sin advertir nada sobre la seguridad.