El 30 de noviembre, el juez Freddy Cubillos, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, autorizó la petición realizada el 16 de noviembre por el Ministerio Público, en que se requirió la obtención de los antecedentes clínicos del ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea (Fach), general (R) Patricio Ríos Ponce, los que se encuentran en el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea.

La solicitud la hizo la fiscal de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, Carolina Suazo, en el marco de la investigación por presunto delito de fraude de subvenciones, en relación al otorgamiento de pensiones de inutilidad de segunda clase (equivalente a la jubilación de invalidez) entregadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) a ex funcionarios de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Según otro documento enviado por Suazo al tribunal, ya se despachó una orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI y diversos requerimientos de información a la Subsecretaría para las FF.AA., Gendarmería, Ejército, Fuerza Aérea y Capredena.

La persecutora también le pidió al tribunal la ficha clínica de Patricio Franjola Buigley, ex auditor general de la Fach, requerimiento que también fue aceptado por la justicia.

El motivo de la solicitud en ambos casos, argumentó la fiscal, fue que "la referida documentación es indispensable para la acreditación del tipo delictivo que este persecutor investiga".

El tribunal, junto con aceptar el requerimiento, indicó que "el solicitante (la fiscalía) adoptará las providencias necesarias para asegurar la reserva de la identidad del titular de las fichas clínicas a las que accedan, de los datos médicos, genéticos u otros de carácter sensible contenidos en ellas y para que toda esta información sea utilizada exclusivamente para los fines para los cuales fue requerida".

Este caso lo abrió el Ministerio Público por oficio el 15 de noviembre, al que se agrupó una querella del abogado Roberto Ávila contra quienes resulten responsables, por este presunto delito en relación a las pensiones otorgadas a siete ex miembros de las FF.AA.

Ávila denunció en su querella que "se trata de personas que no están en situaciones de invalidez de segunda clase y que han obtenido tal calificación con el único propósito de ver aumentada su jubilación dolosamente".

En esa acción judicial se nombra al ex comandante en jefe de la Fach Patricio Ríos. El documento señala que este general (R) "percibe $ 4 millones por invalidez de segunda clase (…). Nunca se mencionó una situación de invalidez en acto de servicio. Aparece física y síquicamente en plenitud de facultades, incluso más que saludable para su edad".

Respecto de Patricio Franjola, el texto indica que el "ex oficial de la Fach percibe $ 6,8 millones (de pensión). Ejerce actualmente como abogado".