Con el objetivo de contar con un informe detallado sobre la distribución de los recursos solicitados en el Plan de Fortalecimiento de la Fiscalía de Chile, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, y la Directora Ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco, iniciaron el trabajo de investigación que contará con la participación de los académicos y expertos en Reforma Procesal Penal y gestión jurídica, Mauricio Duce y Cristián Hernández.
 
El estudio se realiza en el marco de la discusión técnica que la Fiscalía de Chile sostiene con el Ministerio de Hacienda para la aprobación del Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público.

Dicho proyecto tiene un costo adicional de 30 mil millones de pesos anuales y se resume en un aumento de 166 fiscales y 837 funcionarios, dotación que ya fuera validada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el año 2010 a través de un estudio encargado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES).
 
Tras las conclusiones del estudio del BID, el Ejecutivo solicitó un nuevo informe relativo a la distribución de la dotación requerida por Fiscalía Regional y Local, y, en este contexto, el Ministerio Público decidió realizar un estudio con la colaboración de Fundación Paz Ciudadana y de los expertos Duce y Hernández, cuyo primer borrador de conclusiones deberá presentarse el 30 de septiembre próximo, con la dotación de fiscales y funcionarios que se requerirían concretamente en cada Fiscalía Regional y Local del país para enfrentar con estándares de calidad la persecución criminal.
 
En la actualidad, cada fiscal del Ministerio Público tramita más de 2.000 causas anuales, es decir, un 200 % superior a sus pares mexicanos, quienes –según un estudio del Centro de Justicia de las Américas (CEJA)- ocupan el segundo lugar en carga laboral de Latinoamérica, con 691 causas anuales.